viernes, 5 de agosto de 2011

Policía Nacional ya no cuidará entidades privadas



Luego de condenar el atentado contra la familia del congresista Renzo Reggiardo, el ministro del Interior, Óscar Valdés Dancuart, señaló en RPP que anoche se reunió con comisarios de Lima y Callao para fijar cuál será la actitud de la Policía para resguardar a la ciudadanía.

“No vamos a permitir zonas liberadas” dijo en RPP, acerca de sectores de la ciudad en que la seguridad ha sido resignada y la delincuencia campea. Así, anunció que se relevará a los comisarios que no cumplan con su trabajo en tal sentido.

Sin embargo, también señaló que en el aspecto legal hay puntos a trabajar para reducir la delincuencia. Uno de ellos es la implementación del nuevo Código Procesal Penal el cual, dijo Valdés, “de repente no se ajusta a la realidad peruana”. Asimismo, criticó el que muchos reos salen rápidamente.

Por otro lado, invocó a la colaboración de la ciudadanía en estas labores y a la provisión de un mejor equipamiento de la PNP. Asimismo, saludó que el presidente Ollanta Humala vaya a presidir el Consejo de Seguridad Nacional, “para poner a los ministros en primer plano” con respecto a esta problemática.

FORMACIÓN POLICIALEl titular del Interior observó también que otro problema en el control de la delincuencia es la preparación del policía, pues esta “ha decaído mucho en los últimos años”, a la luz de que en las escuelas el tiempo de formación es muy corto y se ha perdido la especialización de los efectivos, no hay profesionalización. Criticó que en algunas escuelas, incluso, existan Apafas.

“Se gasta mucho en formación de policías y serenos y no se tiene eficiencia” indicó.

POLICÍAS VUELVEN A COMISARÍASValdés mencionó que se reunió ayer con el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, para establecer el presupuesto y el gasto del Interior hasta fin de año, pues se ha dispuesto que los policías regresen a su entidad: “Hoy hacen turno de 1×1, trabajan 24 horas (en realidad, 2 turnos de seis en la comisaría) y al día siguiente resguardan una entidad privada y reciben el dinero de esta entidad privada por un convenio. Ahora queremos que regresen a su unidad y se les compense con un pago extra”.

Con esto, gradualmente los efectivos policiales dejarán de resguardar entidades privadas y volverán al patrullaje en sus respectivas unidades.

“Se ha generalizado dar protección a un chifa o a un bazar”, dijo Valdés, y anunció que a los bancos “no los tocaremos hasta fin de año”, pero que el resto de efectivos regresará a las comisarías y a “partir de enero ya no cuidarían bancos”.

Gobierno saliente dejó un saldo de 123 muertos


Si bien la condena del expresidente  Alberto Fujimori por graves violaciones de los derechos humanos significó un hito en el país, el balance sobre la situación de estos derechos durante el mandato de Alan García fue negativo según se desprende de un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH

El documento bianual denominado “Derechos Humanos: de los conflictos del presente a los desafíos del futuro” revela que en los cinco años de García hubo un incremento de las vulneraciones de derechos individuales y colectivos.
“Mientras que en el gobierno de Alejandro Toledo fallecieron 15 personas por acción de las fuerzas de seguridad en conflictos sociales, durante el gobierno de García el número de fallecidos alcanza más de cincuenta, el cual se eleva a 123 si se toma en cuenta los casos de uso excesivo de la fuerza y violaciones de los derechos humanos”, dice el informe.

Hubo estancamiento
En diálogo con LA PRIMERA, la secretaria ejecutiva de CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, añadió que en el gobierno de García la situación de los derechos humanos sufrió un serio estancamiento.
Esto, según la activista, se expresó en la paralización de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el retroceso en las reparaciones a las víctimas de la violencia política y el estancamiento de los procesos por violaciones de los derechos humanos en el Ministerio Público.

La situación es preocupante, pues tanto a nivel fiscal como judicial se ha extendido la tendencia de cerrar los casos con impunidad, a través de archivamientos y sobreseimientos, lo cual se agrava con la ausencia de fiscalías o juzgados supranacionales en determinados lugares o la competencia nacional que genera dificultades para las actuaciones probatorias y familiares de las víctimas.

Durante el periodo 2009-2010 un número alarmante de investigaciones fiscales fueron archivadas bajo el argumento de que no existe información para identificar a los sindicatos como presuntos responsables.

Desidia judicial
En el Poder Judicial el problema es aun más serio. Según el documento, las pocas sentencias que se han dictado en los últimos dos años se alejan de manera radical de la jurisprudencia internacional, que ha sentado estándares para procesar delitos de lesa humanidad.

En la Sala Penal Nacional existen 29 casos, en su mayoría estancados y, de las pocas sentencias habidas, gran parte han sido absolutorias pese a las pruebas existentes.

Información del Instituto de Defensa Legal (IDL) refiere que a diciembre del año pasado, la Sala Penal Nacional emitió 20 sentencias, de los cuales 14 eran por desaparición forzada y 6 por asesinato.

De esto se desprende que el 85% de los procesados fueron absueltos y el 15% restante recibió condena por crímenes contra los derechos humanos.

Acoger plan
Tras saludar el compromiso del actual gobierno con los derechos humanos, la secretaria ejecutiva de CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, planteó que la gestión de Ollanta Humala debe aplicar el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado el 2005 y prorrogado hasta diciembre de este año debido a la desidia del régimen de Alan García.

Helio García

Parlamentarios andinos abordarán situación de peruanos indocumentados en EEUU


El Capítulo Perú del Parlamento Andino se reunirá a mediados de agosto en Lima, para abordar, entre otros temas, la situación de los inmigrantes indocumentados peruanos en Estados Unidos, que se estiman en 600 mil y que corren riesgo de sufrir detención y cárcel.

Este tema se presentará en la reunión regional que sostendrán en Bogotá, Colombia a fines de mes, anunció a la agencia Andina el parlamentario andino Javier Reátegui.
Los integrantes del capítulo peruano del Parlamento Andino, Alberto Adrianzén, Hilaria Supa, Javier Reátegui, Hildebrando Tapia y Rafael Rey, abordarán entre varios temas, la situación irregular de los inmigrantes peruanos en Estados Unidos.

Reátegui adelantó que entre los temas pendientes, también se tratará la implementación de la tarjeta laboral andina, que permitirá a los ciudadanos de la CAN trabajar con mayor facilidad en los países que la conforman.

Por su parte, Hildebrando Tapia, expresó su preocupación no solo por los peruanos, sino por los ciudadanos de la Comunidad Andina (CAN) en situación similar irregular, que están bajo la amenaza de leyes cada vez más estrictas en Estados Unidos.
En ese sentido, Tapia calificó como una acción “positiva” a favor de los inmigrantes peruanos y andinos indocumentados en Estados Unidos, la reciente demanda presentada por el gobierno del presidente Barack Obama para paralizar la ley migratoria HB 56 de Alabama, considerada más dura e inspirada en la controvertida SB1070 de Arizona.
Entre otros temas, que planteará para la agenda del Parlamento Andino, Tapia mencionó el contacto directo con los inmigrantes peruanos en los países de la CAN, a través de seminarios, foros, para proporcionarle información útil.
También señaló que propondrá en la agenda convenios y tratados con los países de la CAN a fin que los peruanos puedan tener apoyo de todo tipo, así como facilidades para su retorno al suelo patrio.
El parlamentario andino Hildebrando Tapia precisó que en la primera reunión que sostendrán en Bogotá, Colombia, a fin de mes, con sus colegas de los demás países de la CAN, se aprobará el plan de trabajo del Parlamento Andino.
Andina