jueves, 7 de enero de 2016

Candidato Maciste Diaz bajo la lupa por nexos con Rodolfo Orellana


Se trata del candidato a la segunda vicepresidencia de la República por el Partido Nacionalista, Maciste Alejandro Díaz Abad, quien es comprendido como investigado por el delito de lavado de activos junto con el abogado Rodolfo Orellana, en el marco de las pesquisas que lleva adelante la fiscal Marita Barreto, de la Segunda Fiscalía Especializada de Lavado de Activos.

Según la Carpeta 34-2014, a la que tuvo acceso el diario Perú21, la resolución 01 del 18 de noviembre de 2014 dispone que el personal del equipo especial de investigación de la Dirección Antidrogas (Dirandro) investigue al ex gobernador regional de Huancavelica por haber recibido, durante su gestión, diversas cartas-fianza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), perteneciente a la red de Orellana.

La medida se dio luego de que la Fiscalía recibiera una denuncia de parte, que acusa a Díaz de haberse coludido para aceptar dichos instrumentos financieros entre los años 2011 y 2013 por S/.1.5 millones, cuando ejerció la presidencia de la región Huancavelica.

En el expediente fiscal se observaron dos informes policiales de requerimiento de ampliación de plazo que fueron avalados por la fiscal Barreto, para que se continúe indagando la presunta vinculación del clan Orellana con ex funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica que habrían aceptado las cartas-fianza y posterior fraude para la ejecución de cuatro obras en la provincia de Angaraes.

También se aprecia en los documentos que las diligencias se frustraron por la falta de colaboración de Maciste Díaz, quien no asistió a rendir su declaración ante la Policía pese a haber sido notificado hasta en tres oportunidades.

No obstante, las diligencias policiales permitieron identificar los bienes muebles e inmuebles de los ex funcionarios regionales que estarían incursos en las investigaciones.

Tras haberse agotado el plazo otorgado por la fiscal para que se investigue a Díaz, la Dirandro remitió el avance de las investigaciones.

Sin embargo, se conoció que la representante del Ministerio Público habría dispuesto insistir en que se notifique al candidato a la segunda vicepresidencia por el Partido Nacionalista.

SESIÓN DEL CONGRESO
La comisión investigadora del Congreso del caso Orellana, que preside el legislador Vicente Zeballos, recibió el 4 de noviembre de 2014 al ex gobernador regional de Huancavelica. En la sesión se le pidió que explicara las circunstancias por las cuales fueron aceptadas, durante su gestión, las cartas-fianza de Coopex.

Díaz Abad sostuvo ante los parlamentarios que tiene registrados cuatro de estos documentos financieros que fueron admitidos durante la gestión anterior y que tuvo que reconocer estos pasivos.

Enfatizó que aceptó las garantías presentadas por los consorcios, luego de ser notificado por el magistrado del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que admitió las medidas cautelares.

Asimismo, recalcó que hizo las consultas respectivas al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), entidad que –según aseveró– le ofició para que aceptara los documentos de Coopex.

Sin embargo, el legislador Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA) les enmendó la plana a Díaz y a los dos funcionarios que lo acompañaban, al increparles que las comisión investigadora tiene identificadas 23 cartas-fianza y que la medida cautelar interpuesta solo tiene efectos legales para una de ellas y no para las 22 restantes.

También sostuvo que, en el 2013, la región aceptó cinco garantías por un valor de 1 millón 600 mil soles. En dicha sesión, Díaz Abad no tuvo argumentos para rebatir a los legisladores.


El diario Perú21 conversó con el candidato a la segunda vicepresidencia por el Partido Nacionalista Peruano, Maciste Díaz Abad, para conocer su versión sobre la investigación por lavado de activos dispuesta por la fiscal Marita Barreto, quien dirige las pesquisas contra la red del abogado Rodolfo Orellana.

Díaz negó haber sido notificado por la Fiscalía o la Policía para que brinde sus descargos. Ante ello, confesó encontrarse sorprendido con la noticia de que lo hayan incluido en las investigaciones del caso Orellana.

“Tiene que haber indicios razonables para que me puedan incluir en las investigaciones”, sostuvo. En esa línea, negó rotundamente tener alguna vinculación con Rodolfo Orellana y con sus cómplices.

El candidato acusó al legislador de Perú Posible Wuilian Monterola Abregú –representante de Huancavelica– de estar detrás de las denuncias con el propósito, según anotó, de mellar su imagen e impedir que postule en los comicios regionales del año 2018.

Asimismo, acusó a los congresistas de la comisión investigadora del Congreso que lo citaron el 24 de noviembre de 2014 para que explique la recepción de 23 cartas-fianzas durante su gestión en el Gobierno Regional de Huancavelica.

Díaz aclaró que la mayor parte de las garantías financieras fueron aceptadas por la gestión que lo antecedió y que por ello no está dispuesto a asumir esos pasivos.

También destacó que durante su administración tuvo que aceptar las garantías emitidas por Coopex porque había una medida cautelar dispuesta por el 5to Juzgado Constitucional de Lima que le ordenaba recibirlas. “Deberían estar presos los jueces que dictaron dichas medidas cautelares”, enfatizó.

El político invocó a la Fiscalía de Lavado de Activos que lo vuelva a notificar para explicar su postura. Adelantó que va a colaborar con las autoridades para esclarecer su situación.

Díaz aseguró que no tiene otra investigación en curso y que mañana se va apersonar a través de un abogado a la Fiscalía.

EL CASO
La magistrada Marita Barreto, de la Fiscalía de Lavado de Activos, abrió investigación el 19 de setiembre de 2014 contra Maciste Alejandro Díaz Abad y Rodolfo Orellana por el delito de lavado de activos.


En la Carpeta 34-2014, se aprecian dos resoluciones de ampliación de plazo para que el personal de la Dirandro investigue al ex gobernador regional.
La Fiscalía recibió una denuncia de parte en el 2014 que permitió la apertura de la investigación por la recepción de las cartas-fianza de Coopex en el Gobierno Regional de Huancavelica.
Ocho ex autoridades de gobiernos regionales son investigadas por la Fiscalía tras haber recibido 140 cartas-fianza.
Fiscalía Anticorrupción ha recibido copias de los actuados en Lavado de Activos para que se les investigue por colusión.

DATOS
Según el informe final de la comisión investigadora del Congreso, la red de Orellana operó desde el año 2002 y estuvo encabezada y financiada por los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.


La organización contaba con el apoyo de los familiares de Orellana, abogados, árbitros, ingenieros, administradores, contadores y personas que prestaban su consentimiento para figurar como vendedores o compradores de bienes.
Según el informe, producto de las actividades ilícitas, el fraude habría sido de más de 490 millones de soles.

Carlos Neyra