Resolver este problema es para PPK un reto personal
Aun cuando ciertos medios y políticos se empeñan en desinformar a la población, poniendo además énfasis en lo minúsculo e intrascendente, la dinámica de la política nacional está en el cauce que la mayoría espera. Una muestra es la ampliación del plazo otorgado en el Congreso al Centro Metalúrgico La Oroya y a la Mina Cobriza. Plazo para que tengan otras oportunidades, para que otra subasta pública internacional pueda vender sus activos al mejor postor.
“Que se entienda que Doe Run ya no maneja La Oroya”, ha tenido que decir Mercedes Aráoz ante la insistencia de políticos como Víctor Andrés García Belaunde, que dicen que la prórroga votada en el Congreso tiene nombre propio; es decir, que ha sido hecha para favorecer a Doe Run. Dudamos de que el congresista García Belaunde desconozca todas las aristas y la real dimensión del tema. Nos extraña su particular tirria en contra de un centro laboral que le devolverá la vida a La Oroya y que permitirá seguir procesando concentrados (no tierrita como dicen algunos) de las minas de la sierra central para convertirlos en minerales metalizados.
Estos minerales podrían aumentar los ingresos al país en US$ 500 millones, ya que se trata de exportaciones con valor agregado. Y que además de producir y vender plomo, plata, cobre y zinc, da la posibilidad de exportar elementos como el bismuto peruano, tan apreciado en los mercados de la medicina y cosmetología.
El congresista García Belaunde tiene información de primera mano, de la que gozan las autoridades de su nivel. Debe saber entonces que es la ingeniería peruana la que ha manejado con éxito todos los proyectos PAMA que se ejecutaron en su oportunidad; y que en este instante la planta de tratamiento de agua arroja al río Mantaro agua tipo III, ideal para la agricultura, libre de tóxicos contaminantes. Claro que la planta debe ser modernizada, que no debe quedarse obsoleta; mucho menos oxidarse ni convertirse en amasijo de fierros retorcidos, canibalizada, lista para venderla como chatarra, por cinco reales. ¿Eso es lo que quisiera el congresista García Belaunde? ¿Destruir una fundición que puede ser modernizada por quien presente una propuesta en sobre cerrado en una subasta pública? ¿Perro del hortelano?
No se puede negar la competencia de la ingeniería y de la industria peruana que participaron en esos proyectos ambientales que quedaron truncos cuando Doe Run declaró problemas financieros y se paralizaron sus operaciones: totalmente primero, y parcial e interrumpidamente después. La administración del Centro Metalúrgico La Oroya y la mina Cobriza están en manos de una junta de acreedores que decide quién es el administrador temporal. En esa junta de acreedores, el Estado peruano tiene las mayores acreencias o deudas por cobrar y, por tanto, toma las decisiones de primer nivel.
Así, no es solo un tema de empresarios reclamando deudas, ni un medio ambiente acosado por el dióxido de azufre que se emitiría indiscriminadamente y sin remordimientos. Es un problema político de alto nivel que el gobierno actual encara. Es un reto personal para Pedro Pablo Kuczynski resolver esta situación. Desde 2011 le viene prometiendo a la población que resolverá el tema porque, dijo, él sí sabe cómo hacerlo. Sus electores y el país esperan que sus gestiones comiencen a generar resultados en este y otros temas. En China insistirá en la adquisición de los activos de Doe Run. No hay lobby, como malintencionadamente se dice. Es un presidente poniéndole valor al país.
Manuel Gago
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