sábado, 22 de octubre de 2016

Ataud con restos de comunero Quintinio Cereceda fueron enterrados


Los restos del comunero Quintino Cereceda Huisa que perdió la vida tras los enfrentamientos con la Policía fueron sepultados luego de seis días de haberse producido su deceso.
El ataúd permaneció en la comunidad campesina de Qehuira, en medio de la vía que une Cusco con Challhuahuacho, en señal de protesta contra el proyecto minero Las Bambas y el Gobierno Nacional.


La multitud de comuneros congregada en la referida comunidad acompañó por última vez a Cereceda Huiza adonde será su eterna morada, el pequeño cementerio de Choquecca.

Antonia Huillca Challco, viuda del comunero muerto, pidió a las autoridades nacionales que interceda de una vez para encontrar una solución al conflicto.

En medio de sollozos exigió justicia por la muerte de su esposo a manos de la Policía, reclamando a la vez una indemnización por parte del Gobierno, toda vez que tiene hijos menores que proteger y en etapa universitaria.

Se conoció que el hijo mayor, estudiante universitario en Arequipa, al tomar conocimiento de la muerte de su padre inmediatamente partió hacía Cotabambas.

Durante el viaje, el vehículo que lo trasladaba sufrió un despistehacía una ladera que felizmente no tuvo mayores consecuencias, sufriendo contusiones en diferentes partes del cuerpo. Fue referenciado a la ciudad del Cusco donde recibió atención médica.

Grupo Aliado Diario Pregón.

Muerte civil por corrupción es promulgada por el Gobierno del Perú


El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski promulgó hoy sábado el decreto de ley de muerte civil para trabajadores y funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción, luego de que su aprobación fuera anunciada el pasado miércoles.

El decreto legislativo N° 1243 fue publicado, conforme al trámite regular, este sábado en el diario oficial El Peruano y lleva las firmas del presidente PPK, el primer ministro Fernando Zavala y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello.

En estas modificaciones, los delitos de corrupción como peculado, malversación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros, tendrán una pena de inhabilitación principal que oscilará entre cinco y veinte años.

La inhabilitación será perpetua cuando el agente actúe como "integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella".

También se establecerá la inhabilitación perpetua cuando se haya atentado "contra programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias (UIT)".

Si cada UIT, en el año 2016, equivale a S/ 3.950, para que un funcionario o trabajador sea procesado según este último criterio, deberá haber causado un perjuicio al erario público por 59 mil 250 soles.