Juzgado en Huancavelica absuelve a 4 policías aplicando cuestionada ley N°30151

foto Juan Guevara

Primer caso de policías beneficiados por la polémica Ley N° 30151 en un proceso judicial se dio en Huancavelica. el 5 de febrero, el 1° Juzgado Penal de la región absolvió a cuatro policías, tres de ellos procesados por homicidio culposo y uno por omisión ilegal de actos funcionales, tras su participación en las masivas protestas contra la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja en Huancavelica, en el año 2011.

En el expediente judicial, los policías Kuncewitz Silva Marchan, Maricela Jáuregui Chacón y Abel Agustín Vargas Olivos, a quienes se les atribuye la muerte de tres jóvenes durante la protesta, fueron eximidos del proceso porque, según la sentencia, "se vieron obligados a efectuar disparos con fusiles AKM y armas de puñal a fin de salvaguardar su vida e integridad física". Agregan, que en atención al principio de "retroactividad benigna", regulado en el artículo 6° del Código Penal, esta nueva ley (N°30151) se aplica por beneficiar al reo.

Este hecho llama la atención, puesto que se produce en medio de advertencias y cuestionamientos a la norma promulgada por el Poder Ejecutivo a fines del 2013 y que da libertad a policías y militares a utilizar sus armas de fuego en "defensa personal".
Como se recuerda, la masiva protesta en Huancavelica, realizada en junio del 2011, dejó tres muertos y decenas de heridos.

Tras  realizar la investigación correspondiente, el Ministerio Público determinó que el suboficial PNP Silva Marchan causó la muerte de Oswaldo Quispe Lázaro, de 22 años, tras impactarle 148 perdigones de plomo en diferentes partes del cuerpo, lo que causó de inmediato su muerte.

En el caso de la suboficial PNP Jáuregui Chacón, la Fiscalía refirió que disparó la pistola marca Pietro Beretta calibre 9 mm Parabellum, causando una herida de curso perforante en el cuerpo del menor Deyvis Huayllani Martínez (14).

Al suboficial PNP Vargas Olivo se le atribuyó la muerte de Ivanov Bertolt Ccora Quispe (30), quien recibió un disparo de un fusil AKM cuando se encontraba laborando como vigilante en la Oficina de Proyecto de Inversión del Gobierno Regional.

Además, el estudiante Isaac Apari perdió la vista a consecuencia de los perdigones que disparó la policía y se suicidó a los pocos días de la protesta.

El juzgado también deja libre de culpa al coronel PNP Edward Marín Grandez, entonces Jefe de la Región Policial de Huancavelica, quien fue acusado por el presunto delito de omisión ilegal de funciones debido a que 17 oficiales denunciaron que no les proporcionó municiones y pertrechos (gases, balas de goma y otros) para contrarrestar a los manifestantes.

Los familiares de las víctimas exigieron al Poder Judicial sancionar a los responsables de las muertes de sus hijos. Asimismo, pidieron la derogación de la ley a la que se acogió el juez a cargo del caso.

"Solo pedimos justicia para la muerte de nuestros hijos. Esta norma no puede limpiar a los responsables y dejar impune la violencia que se cometió", refiere Máximo Hayllani, padre de una de las víctimas y presidente de la asociación de familiares de caídos y heridos en defensa de la UNH.