foto Juan Guevara |
La jefa del Gabinete suscribió un contrato con el consorcio peruano Prisontec, que realizará los bloqueos por 25 años a cambio de administrar un sistema de teléfonos públicos en las decenas de cárceles desde donde los reos llamarán a sus familiares, previo pago, empleando códigos especiales con el fin de ser mejor controlados.
La medida afectará a unos 57 mil presos internados en las 33 prisiones más pobladas del país.
La medida pretende reducir los efectos del crimen organizado que desde las prisiones controla extorsiones y el tráfico de droga. De acuerdo con la división de investigación criminal de la policía, el 95% de las extorsiones se comete desde las cárceles.
Si bien las leyes carcelarias prohíben el ingreso y uso de teléfonos celulares, estos aparatos son frecuentes en las prisiones. La administradora carcelaria incautó el 2013 8 mil celulares en las prisiones.
El consorcio invertirá más de 4 millones de dólares para instalar, hasta fines del 2015, paneles metálicos en el perímetro de las 33 prisiones que impedirán las llamadas.
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