miércoles, 26 de septiembre de 2018

Contraloría de la República identificó perjuicio económico por más de S/ 83 millones en Huancavelica


Anunció que esta semana enviará iniciativa legal para que arbitrajes no impidan culminación de obras públicas

 A más de 83 millones de soles asciende el perjuicio económico identificado por auditorías de cumplimiento ejecutadas en el periodo 2016-2018 por la Contraloría General, en 19 entidades públicas del departamento de Huancavelica, determinándose la presunta responsabilidad penal, civil y administrativa de funcionarios públicos. Así lo informó el contralor general Nelson Shack Yalta durante su jornada de supervisión y control en el mencionado departamento.

Entre los casos identificados, se encuentra el colapso del pabellón de la facultad de educación de la Universidad Nacional de Huancavelica, con un perjuicio económico superior a los 5 millones de soles; irregularidades en el mejoramiento del sistema de riego en Ancoquichca, en la provincia de Huaytará, en donde se ha determinado un perjuicio de 600 mil soles; y en la instalación del sistema de riego en el distrito de Congalla, provincia de Angaraes, con un perjuicio de 819 mil soles, entre otros servicios de control ya concluidos y notificados a los ejecutores en esta región desde el 2016.

Las entidades comprendidas en las irregularidades identificadas en el periodo 2016-2018, son: Gobierno Regional, las municipalidades provinciales de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Tayacaja, Huaytará, Churcampa, así como las municipalidades distritales de Yauli, Salcahuasi, Arma, Pilpichaca, Paucará, Congalla, Colcabamba, el Hospital Regional Zacarías Correa, la Dirección Regional de Educación, la Gerencia Subregional de Huaytará y la Universidad Nacional de Huancavelica.

Un denominador común en los casos mencionados, es que las irregularidades se presentan principalmente en los procesos de selección porque se admiten propuestas que no cumplen con los requerimientos técnicos mínimos; y en algunos casos, los postores presentan información que incluye el nombre de profesionales como parte de sus equipos los cuales desconocen su participación.

En los casos que correspondan, la Contraloría General aplicará sanciones administrativas por medio de su Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y ha remitido los informes de auditoría a su Procuraduría Pública para el inicio de los procesos judiciales respectivos de tipo civil y penal. Por lo pronto, se informó que a la fecha, la Contraloría ha emitido 39 sanciones administrativas a 36 funcionarios públicos de Huancavelica (tres tienen 2 sanciones). A nivel nacional, la cifra llega a más de 1000 funcionarios con sanción administrativa.


Cabe señalar que actualmente en Huancavelica están en ejecución siete (7) auditorías de cumplimiento en el Gobierno Regional, las municipalidades provinciales de Tayacaja y Acobamba, la municipalidad distrital de Yauli y la Dirección Regional de Educación, cuyos resultados se estima estarán disponibles para el primer trimestre del próximo año.

El contralor general también informó que como parte de la reforma estructural del Sistema Nacional de Control, todos los jefes de OCI de las Municipalidades Provinciales de la región, son ahora personal profesional de la Contraloría General, lo que garantizará la autonomía e independencia de la labor de control. Anunció que antes de fin de año esas OCI serán fortalecidas por equipos compuestos por ingenieros, contadores, abogados y economistas.

Otro aspecto observado, es la existencia de obras públicas que se encuentran inconclusas como consecuencia de arbitrajes entre las entidades ejecutoras y empresas contratistas. En Huancavelica, un caso emblemático es la construcción de cinco complejos polideportivos cuya culminación están pendientes desde el año 2015. Al respecto, el contralor informó que esta semana presentará al Congreso de la República una iniciativa legal para revertir esa situación que ha evidenciado en sus permanentes visitas de supervisión al interior del país.

Casos emblemáticos

Del mismo modo, la Contraloría General ha realizado en Huancavelica acciones simultáneas a obras en ejecución para advertir oportunamente a las autoridades sobre situaciones que podrían poner en riesgo la finalidad de la inversión pública.


Se ha emitido informes con los riesgos identificados en las obras de mejoramiento del estadio del IPD a cargo del Gobierno Regional, con una inversión de cerca de 15 millones de soles, en las obras de mejoramiento e implementación de la compañía de bomberos voluntarios N°56, y en el mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos en el complejo Ecoturístico de Seqsachaca.

Se viene recopilando información sobre las obras de la carretera vecinal Lirio-Chunca-Fundo La Mejorada, a cargo de la municipalidad distrital de Acoria, con un inversión de 18 millones 500 mil soles, y en el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en localidades del distrito de Huancavelica, para determinar la acción de control a ejecutarse.

Ciudadanía aliada del control

El Contralor General señaló ante representantes de la sociedad civil de Huancavelica que la Contraloría General ha puesto en marcha dos acciones en las que la ciudadanía se convierte en aliada estratégica del control gubernamental: las audiencias públicas regionales y provinciales, y el programa Monitores Ciudadanos de Control.

Informó que las audiencias públicas se realizarán de forma semestral para recopilar las denuncias y alertas ciudadanas e implementar los planes de control sobre los casos denunciados. (En agosto se realizaron en las provincias de Castrovirreyna y Huaytará). Y del mismo, invitó a la ciudadanía a participar en el programa Monitores Ciudadanos de Control, para que previa capacitación, voluntarios supervisen en su jurisdicción obras públicas que tienen presupuestos menores a los 10 millones de soles,



A nivel nacional, cada año se inician 30 mil obras públicas y la Contraloría no cuenta con el personal para cubrir todas las intervenciones públicas que se realizan, por lo que se viene convocando a la ciudadanía a participar de manera voluntaria con el control social. Bajo ese enfoque, en Piura ya se viene ejecutando actualmente un programa piloto, que monitorea los avances de las obras de la Reconstrucción con Cambios.

El contralor general explicó que para extender el programa en todo el país, se viene realizando un trabajo pre operativo para establecer los protocolos y las medidas de seguridad para los voluntarios, así también la disposición de aplicativos informáticos para la gestión de este programa, para luego continuar con la selección de los interesados, la capacitación previa que estará a cargo de la Escuela Nacional de Control y SENCICO, y finalmente la asignación de las obras que se supervisarán. Se estima que el programa Monitores Ciudadanos de Control iniciará en el departamento de Huancavelica en marzo del 2019.

Los principales temas expuestos por representantes de la sociedad civil, estuvieron referidas a compras sobrevaloradas, unidades móviles en desuso (como por ejemplo, ambulancias), poca transparencia sobre ejecución de obras públicas, obras concluidas que no tienen liquidación de obra y que no se han puesto en servicio, así como presuntas irregularidades en contrataciones de personal, entre otras.

Transferencia de gestión en la región

Shack Yalta informó en reunión informativa con medios de comunicación de Huancavelica, que de 101 entidades públicas de la región, 60 cumplieron con el primer entregable de información para el proceso de transferencia de gestión, 10 cumplieron parcialmente y 31 no cumplieron. En ese sentido, exhortó a los alcaldes provinciales y distritales a regularizar y cumplir con la rendición de cuentas correspondientes para no poner en riesgo la continuidad de servicios públicos que perjudicará a los ciudadanos.

Asimismo, informó que existe un riesgo en la postulación de candidatos que vienen postulando en el proceso de elecciones regionales y municipales de este año, pero que tienen vigentes sanciones administrativas de la Contraloría General por responsabilidades administrativas, toda vez que en caso ser electos no podrán ejercer sus cargos públicos. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer un voto responsable en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre próximo.

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