Las empresas involucradas en el mayor escándalo de madera peruana sabían o tenían razones para sospechar que sus exportaciones desde la Amazonía peruana eran ilegales, según las grabaciones encubiertas difundidas hoy por Global Witness.
Las grabaciones parecen ser las primeras en las que exportadores de madera del Perú han admitido que los documentos a menudo se falsifican. Proporcionan una idea de la escala de la corrupción que permitió que el escándalo tuviera lugar.
La madera fue transportada desde la Amazonía en el barco Yacu Kallpa a finales de 2015, tras un intento fallido de un fiscal peruano de decomisar parte de la misma, pero el barco fue detenido más tarde en México cuando navegaba hacia los Estados Unidos. En última instancia, se encontró que más del 96% de la madera a bordo era ilegal.
El intento de decomiso – junto con el bloqueo del cargamento previo a su llegada a los Estados Unidos – convirtió al Yacu Kallpa en el escándalo maderero más grande del Perú. Generó un gran interés mediático en el país y en los medios internacionales y, tras la reacción del sector empresarial de la madera, contribuyó a las protestas acontecidas en dos de las ciudades madereras más importantes del país, y llevó a que el presidente ejecutivo de la agencia encargada de las inspecciones forestales, Osinfor, fuera despedido y forzado a abandonar el país.
Los principales exportadores del Yacu Kallpa argumentaron que la madera contaba con la documentación adecuada, pero en el Perú, donde la corrupción en el gobierno regional está fuera de control, tales documentos a menudo se falsifican y se usan para lavar madera extraída ilegalmente, se informó a INFOREGIÓN.
Representantes de tres de las once empresas exportadoras – Adam Andrews de Corporación Industrial Forestal, William Castro de Inversiones WCA y Dante Zevallos de Sico Maderas – fueron grabados en secreto por Global Witness y todos admitieron que los documentos a menudo se falsifican y la madera a menudo se lava.
“Yo puedo buenamente saber que [la madera] no está viniendo de buena fuente, porque si todos compráramos todo lo que tiene que ser, nadie compra una tabla”, dijo Zevallos a Global Witness encubierto. “Entonces, yo sabiendo de que probablemente la madera que estoy comprando tiene ese origen, no me preocupaba porque yo tenía [gesticula como si tuviera papeles en las manos]…yo era un comprador de buena fe.” Al preguntarle si eso es lo que ocurrió con la embarcación del Yacu Kallpa detenido en México, Zevallos respondió: “Sí, con toda”.
Las grabaciones ofrecen evidencias potencialmente cruciales para la investigación en curso que lideran las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, quienes están investigando a más de 100 personas relacionadas con el Yacu Kallpa. Según el Código Penal peruano, constituye un delito exportar madera si se “conoce o puede presumir” que su origen es “ilícito”.
Laura Furones, directora de la campaña de Perú de Global Witness, dijo: “Las grabaciones que hacemos públicas hoy sacan a la luz el problema clave del sector de la madera en el Perú, que es que los documentos tienen poco o ningún valor, y que los exportadores mismos lo saben a pesar de lo que afirmen públicamente”.
Al igual que los exportadores, altos funcionarios del gobierno también defendieron el origen de la madera del Yacu Kallpa porque esta venía acompañada de la documentación adecuada. La entonces Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magalí Silva, planteó este mismo argumento ante el Secretario de Economía de México, e hizo lo mismo ante el Representante de Comercio de los Estados Unidos sobre el cargamento previo del barco.
La madera detenida en México a principios de 2016 fue posteriormente liberada ese mismo año, según un artículo publicado la semana pasada por OjoPúblico. En su informe, alegan que la decisión fue tomada por las autoridades mexicanas sin informar a los fiscales peruanos, y tras haber estado sometidas a presiones de los sectores empresariales de la madera del Perú y de México.
Se ha documentado cómo el comercio de madera ilegal en el Perú está ligado a asesinatos, trabajos forzosos, evasión de impuestos, prostitución, violaciones de derechos humanos, tráfico de tierras, narcotráfico y crimen organizado. Promueve la corrupción generalizada, fomenta la invasión de tierras de pueblos indígenas y contribuye a la deforestación no sostenible y a la degradación de la cuenca de la Amazonía.
Si desea acceder al informe hecho sobre el tema puede hacer click aquí: Informe Compradores_de_buena_fe
