- Aseguran que todos los sectores están considerados y que pagos será en la sede regional para evitar favoritismos.
Los pagos de la deuda social al magisterio y demás sectores de nuestra región que el Estado nacional debe por más de una década, serán priorizados mediante los decretos supremos N° 02-2019-MINEDU y el N° 001-2014-MINJUS.
Así aseguró ayer el director de la oficina regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Junín (GRJ), Luis Salvatierra Rodríguez, indicando que no hay marginación a ningún sector y menos favoritismo a otros, como erróneamente se especula. Todo se llevará tal como dispone la norma legal, puntualizó.
Durante la reunión con dirigentes pensionistas del sector agrario que solicitaban se les considere dentro de la priorización del pago de los 13 millones de soles, aclaró que la norma es clara y prioriza enfermedades terminales, enfermedades avanzadas y mayores de 65 años de edad.
Respecto a las peticiones de los saldos y balances que debieran ser distribuidos dentro de la Dirección Regional de Agricultura, subrayó que se reunirá con el titular este sector para analizar si es posible utilizar estos fondos para el pago de sus beneficios sociales.
El funcionario regional adelantó que la próxima semana estarán depositando a 179 beneficiarios con enfermedades terminales y avanzadas, mientras que a mediados de agosto cumplirán a los demás beneficiarios con el saldo de los 11 millones de soles.
“Con esto estaríamos cumpliendo esta primera etapa, pero de acuerdo a la última comunicación del MEF nos solicitaron la actualización al 100% de beneficiarios y teniendo esta información todo indica que procederán a transferirnos un nuevo presupuesto mediante el D.S. 166 que se sumaría a los 13 millones de soles”, apuntó.
Finalizando, Salvatierra Rodríguez manifestó que por disposición del gobernador Vladimir Cerrón Rojas, los pagos serán en la sede regional para evitar favoritismos.
DATOS
El monto de la deuda social solo en la región Junín alcanza aproximadamente los 513 millones de soles y adeudan a 16 mil 242 beneficiarios. Los gobiernos de turno en los últimos 20 años esquivaron esta responsabilidad mediante disposiciones antojadizas, abusivas e ilegales.
