martes, 19 de junio de 2018

Nueve funcionarios públicos en Junín están suspendidos o inhabilitados para laborar en el Estado


Sanciones se registraron entre enero y abril de 2018 a nivel nacional

En los primeros cuatro meses del año (de enero a abril de 2018), la Contraloría General de la República sancionó administrativamente a nivel nacional a 468 funcionarios y servidores públicos por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de trabajar en el Estado.


De acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o servidores públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.


Del total de sancionados administrativamente, 153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia, es decir, no fueron apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).

Cabe precisar que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o servidores por los mismos hechos.

En Junín

El departamento Junín tiene registrado nueve funcionarios públicos impedidos para laborar en el Estado por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones y corresponden al Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Distrital de San Martín de Pangoa, Municipalidad Provincial de Satipo, Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán, Municipalidad Distrital de San Ramón, Municipalidad Distrital de Pichanaqui y a la Municipalidad Provincial de Jauja

Es importante resaltar que los titulares de las entidades públicas del país deben ejecutar de manera inmediata las resoluciones que emita la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, contra los funcionarios y servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente.

Transparencia

Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de SERVIR y publicadas en el renovado portal web de la Contraloría www.contraloria.gob.pe, como parte de su política de transparencia y acceso a la información. Para acceder a la lista debe dar clic al botón “Participación Ciudadana”, luego dirigir el cursor a la sección “Conoce nuestra facultad sancionadora” y ubicar en el lado izquierdo “Registro de sancionados”. También puede hacer consultas sobre sanciones inscritas y cumplidas en el año 2017


Autoridades electas por voto popular

Con la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, vigente desde el 29 de marzo de 2018, las autoridades electas que incurran en alguna acción u omisión considerada como infracción grave o muy grave podrán ser procesados en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y ser pasibles de sanciones de suspensión y/o inhabilitación, según corresponda.

Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador tiene dos instancias que cuentan con autonomía técnica:

La primera instancia está a cargo de la Contraloría e integrada por el Órgano Instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones; y un Órgano Sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas. La segunda instancia a cargo del TSRA, órgano colegiado adscrito a la Contraloría General, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.

Sanciones inscritas de enero a abril de 2018

Montaña de los siete colores en el Cusco es parte de concesión minera, advirtió ONG



La famosa y turística montaña de los siete colores, ubicada en Cusco, cuyo nombre original es Vinicunca, forma parte de una concesión minera desde marzo, que se superpone parcialmente a la propuesta de un área natural de conservación regional en esa zona, advirtió la ONG CooperAcción.

Vinicunca, también conocida como la montaña arco iris, fue concedida con fines mineros por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) a la minera Minquest Perú, propiedad de la empresa canadiense Camino Minerals.

Concesión minera

La montaña está en mitad de la concesión minera denominada 'Red beds 2', que abarca una superficie de 400 hectáreas entre los municipios de Cusipata y Pitumarca. La concesión coincide de manera parcial con la zona propuesta para la creación del área de conservación regional Ausangate, reclamada por el Gobierno Regional de Cusco.

El cerro Vinicunca se encuentra en el camino al Ausangate, la montaña sagrada de Cusco, antigua capital del imperio incaico, y centro del Qoyllurit'i, la mayor peregrinación religiosa de Perú, reconocida desde 2011 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Sin embargo, CooperAcción advirtió que el derecho de la minera sobre el territorio prevalecerá sobre los futuros usos del suelo que se le den al área de la montaña arcoíris porque ya obtuvo sus derechos sobre ella.
Atracción turística

Vinicunca se ha convertido en los últimos años en una de las principales atracciones turísticas de Cusco junto a las ruinas de la ciudadela inca de Machu Picchu, los andenes incas de Moray, el salar de Maras y el centro antiguo de su capital.


La montaña, situada a unos 5,200 metros de altitud sobre el nivel del mar en la cordillera de Vilcanota, debe el contraste de sus llamativos colores en franjas turquesas, doradas y fucsias, entre otros, por la oxidación de la alta concentración de metales que contiene.