Hace instantes el pleno aprobó el informe de la Comisión de Ética que recomienda suspender por 120 días al parlamentario Alejandro Yovera (Acción Popular-Frente Amplio) por 120 días, acusado de beneficiarse indebidamente de préstamos solicitados por trabajadores de su despacho.
Más de cuatro de horas de debate, el informe fue aprobado por 48 votos a favor, 43 en contra y ninguna abstención.
El congresista Yovera presentó una reconsideración de la votación, la cual obtuvo 41 votos a favor, 45 en contra y dos abstenciones, con lo cual fue rechazada.
El informe acusatorio fue sustentado por el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, quien señaló que son fundamentadas las acusaciones contra Yovera de haberse beneficiado indebidamente de los préstamos obtenidos con su aval por trabajadores y ex trabajadores de su despacho, al recibir parte o todo el monto de dichos préstamos.
El informe dice que Yovera avaló a los trabajadores y ex trabajadores de su despacho ante la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés “de forma irresponsable” por no poder garantizar los préstamos obtenidos que fluctuaban entre 158 mil y 268 mil soles.
Yovera se defendió argumentando que no se tomaron en cuenta documentos que probaban que la denuncia no tiene fundamento.
Refirió que detrás de esa denuncia existe un interés político para reemplazarlo en su escaño dado que la bancada original es la de Fuerza Popular.
Congresistas de la bancada fujimorista, entre ellos Martha Chávez, Héctor Becerril y Luz Salgado, coincidieron en señalar que los argumentos de Yovera son falsos y que merece ser sancionado.
De igual parecer fueron los legisladores Mauricio Mulder y Javier Velásquez, de Concertación Parlamentaria, quienes consideraron inaceptable que un parlamentario incurra en delitos en contra de sus trabajadores.
Son cinco cadáveres hallados en tres fosas por los especialistas forenses del Ministerio Público durante la inspección de sitio, realizado ayer, confirmarían la existencia de por lo menos diez fosas comunes con más de 48 restos humanos enterrados de familias enteras en la lejana comunidad nativa asháninca de Unión Alto Saniveni, del distrito de Pangoa, asesinados cruelmente por sendero luminoso hace 23 años.
Así demostraron los forenses Johnny Curi García y Silvia Vera Curiate, del equipo forense especializado (EFE) asignados a la zona para identificar y registrar in situ los lugares (fosas comunes) donde se encontrarían los restos óseos de muchas familias desaparecidas como consecuencia de la masacre atroz que cometieron las huestes terroristas en la comunidad asháninca Unión Alto Saniveni en el año 1991 y que hoy las familias de aquellos sobrevivientes exigen al Estado ser indemnizados.
El escenario de la cruel barbarie ocurrido por sendero luminoso, fue en el lugar denominado Marín Pañash(zona de hierva) en la antigua comunidad de Unión Alto Saniveni, actualmente llamado “panteón” en el mes de febrero del año 1991 donde aproximadamente 10:00 de la mañana, más de 150 terroristas irrumpieron la tranquilidad de los comuneros enfrentándose y asesinando a sangre fría a Máximo Chanqueti Antonio, teniente gobernador del pueblo y a toda su familia, manifestó Jhon Max Mahuanca Casancho, actual teniente gobernador de la comunidad.
Raúl Michicuri Antonio (27) quien vive en la actualidad con una huella en el cuerpo por la bala que le ocasionó, guarda un recuerdo amargo de la muerte cruel de Máximo Chanqueti Antonio (teniente gobernador de la época) y con quien también se encuentran sepultados los cuerpos de su mamá Chabela Antonio Chanqueti(35) embarazada con toda su cushma, de su hermanita Betty Virgilio Chanqueti(2) y de su tío Pepe Santoma, que fueron salvajemente asesinados dentro de su misma choza.
Con tristeza también recuerda, Jaime Virgilio Antonio (27) sobrino de Máximo Chanqueti que en dicho lugar se encuentran enterrados su papá, mamá y sus cuatro hermanos, fue testigo presencial de la masacre de toda su familia, quien escapó por un barranco para refugiarse por un buen tiempo en San Ramón de Pangoa.
Otro de los escenarios, fue en el lugar de Monte Vanti, donde Manuel Chiricente Mahuanca, y toda su familia conformada por la mamá, hijos y yerno fueron matados salvajemente y quemados vivos los niños llenados en costal, relataron los testigos y familiares que aún viven para contarlo, como Carmen Leonor Casancho de Mahuanca, delegada vecinal.
Por su parte, Pablo Villalobos Rosas (47), uno de los principales sobrevivientes testigos de los horrendos hechos de sangre, manifestó que fue el encargado de cavar la tierra para enterrar a sus mismos compoblanos, niños, hombres y mujeres aproximadamente 48 cuerpos esparcidos en
distintos lugares, como consecuencia de la destrucción de todo un pueblo que fueron literalmente borrados del mapa, tras quemar la casa comunal, la escuela y la iglesia del pueblo.
Los autoridades de esta lejana y olvidada comunidad asháninca y los familiares de los desaparecidos claman justicia al Gobierno Nacional para que puedan ser atendidos con reparaciones individuales, con proyectos de agua y desagüe, mejoramiento de carreteras, locales educativos, posta de salud y sobre todo que sus seres queridos muertos a manos del terrorismo sean exhumados para alcanzar una sepultura digna.
SEGUIRÁN TRABAJOS DE HALLAZGOS
Mientras tanto, los especialistas forenses visitaran la comunidad nativa de Matzuriniari y Los Cedros, los días 26 y 27 de junio; donde también las autoridades y pobladores del lugar manifestaron que existen más fosas comunes de la violencia política que vivió el país.
Por: Raúl Isaac Bocanegra Pérez
El motivo seria por poner mano dura y erradicar diversos antros de perdición en el distrito de Chilca, el gerente de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad Distrital, Carlos De la Cruz Sullca, recibe constantes amenazas de muerte por parte de inescrupulosos que bajo la clandestinidad pretenden intimidar a la autoridad municipal que hasta el momento infraccionó a los negocios informales con más de cien mil nuevos soles.
El funcionario manifestó que las amenazas para él y su familia comenzaron desde el martes prolongándose hasta la madrugada del miércoles, con insultos y graves amenazas vía llamadas y mensajes de texto a su celular, pretendiendo evitar la erradicación de los antros que se habían acostumbrado a funcionar en diversos sectores, corrompiendo a menores de edad.
“No seas llorón, Carlitos puedes pagar con creses; nosotros los norteños decimos: yo amo a mi mama y a mi aval y tu hijito que dices”, es uno de los mensajes de varios irrepetibles que constantemente le llegan al celular del gerente.
Al respecto Carlos De La Cruz, manifestó que son catorce mensaje intimidantes, refiriéndose que la causa es la labor de fiscalización, sanción y clausura contra discotecas y demás giros especiales que funcionan ilegalmente, como la reciente intervención a la discoteca “La Zona” o “Encuentros”, donde se encontró a numerosos menores de edad libando licor sin control alguno.
“Ya realice la denuncia correspondiente y esta actitud de gente indeseable no va a parar mi labor de erradicar a diversos locales de diversión que no cuentan con licencia y menos las garantías de funcionamiento”, fueron las palabras del funcionario en compañía del comisario del distrito de Chilca y La Gobernación.
Por su parte el comandante de la PNP – Chilca, José Chávez Ocampo, indicó que el caso se viene investigando con mucho cuidado para dar con los autores de este hecho y que es cuestión de poco tiempo esclarecer el caso, pues la unidad de investigación ya tomó conocimiento de los actuados con anterioridad.
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| foto Juan Guevara |
El Gerente de EsSalud Junín, Tomás Parraga Aliaga, se reunió hoy con el esposo y la madre de Pamela Carhuancho Aguino, (quien lamentablemente falleció el pasado 21 de junio, luego de haberse sometido a una cesárea en el Hospital de La Oroya), para expresar sus condolencias y garantizar la transparencia en las investigaciones del caso.
Apenas hemos tomado conocimiento de este hecho, he dispuesto que se inicie las investigaciones en el Hospital de La Oroya, a través del Comité de auditoria médica de este nosocomio, quienes se han reunido para verificar y evaluar los diferentes actos médicos con respecto a esta paciente, manifestó Parraga Aliaga.
Asimismo, dijo que debido que la occisa fue referida al Hospital Ramiro Priale Priale, también se ha dispuesto la intervención del Comité de Muerte y complicaciones, quienes emitirán un informe para deslindar responsabilidades.
“Si en caso hubiera alguna falla o negligencia, tengan la absoluta seguridad y confianza que no vamos a proteger a nadie, se aplicarán las sanciones administrativas que correspondan paralelamente al proceso judicial”, puntualizó.
