jueves, 9 de febrero de 2012

Los senderistas también deben ser acusados por secuestro de niños

foto juan guevara


Tras la publicación de imágenes en las que aparecen niños y niñas siendo reclutadas por los remanentes de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), la directora de país de la institución “Save the Children”, Teresa Carpio consideró que el Estado debería acusar a los senderistas no solo por delitos de terrorismo sino también por los cargos de secuestros de niños, procurando elevar la pena y sancionar a quienes vulneren los derechos de los niños y niñas.
“El Estado debería tener herramientas jurídicas para que los fiscales denuncien el hecho y los jueces lo procesen. A los mandos militares de Sendero Luminoso no sólo se les debe acusar por terrorismo sino por secuestro de niños y niñas, y con ello darles la máxima pena por involucrar a menores en acciones armadas”, indicó.
En conversación con Diálogo Ciudadano, noticiero de INFOREGION que se transmite desde San Francisco para todo el VRAE, Carpio señaló que desde la década de los 90 no sólo Sendero Luminoso o el MRTA venían adoctrinando niños para unirlos a su causa sino también las Fuerzas Armadas.
“Hasta hace muy poco, lamentablemente, los comités de autodefensa (CADs) también incorporaban a menores de edad a sus grupos. Ello está penado por nuestras leyes y por la legislación internacional”, explicó.
Soporte social a niños
Carpio añadió que el Estado no sólo debe buscar y procurar las sanciones ejemplares, sino también ayudar con aportes sicológicos y soporte social a los niños para que tengan todo un desarrollo emocional y físico adecuado.
“Por todo eso es importante que se apruebe cuanto antes la reforma del Código del Niño, Niña y Adolescente porque en el borrador del nuevo código sí se señala una prohibición clara y específica sobre ese tema”, añadió.
Carpio también explicó que actualmente los jueces pueden invocar a la jurisprudencia internacional a efectos de lograr sanciones ejemplares. “Todo pasa por buscar los mecanismos legales necesarios, el problema es que los jueces no las conocen y los fiscales no denuncian”, refirió

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