En una polémica decisión, la justicia del Brasil decidió paralizar las obras de la mega hidroelétrica de Belo Monte, ubicada en la región amazónica, por considerar que su construcción pone en peligro la actividad económica de 1.000 familias de piscicultores de la zona.
Se informó que la central hidroelétrica debía entrar en operaciones en el 2015, y contaba con una inversión de 10.600 millones de dólares. Asimisnmo, su capacidad de energía estaba proyectada para un máximo de 11.233 megavatios en las épocas de crecida del río Xingú.
Las obras generaron la protesta de gran cantidad de ecologistas de la zona quienes alertaban que la construcción de la planta perjudicaría el hábitat de la zona. No obstante, el gobierno brasileño que preside Dilma Rousseff defendió en repetidas oportunidades la edificación de la misma, indicando que “de ninguna manera inundaría tierras indígenas”.
Como se recuerda esta obra es emblemática en el Brasil porque fue la propia mandataria la principal promotora de su construcción desde que fue ministra en el gobierno de Lula Da Silva.
Las autoridades judiciales se pronunciaron por la paralización de la construcción tras un pedido de suspensión de las obras interpuesto por la Asociación de los Criadores y Exportadores de Peces Ornamentales de Altamira (Acepoat), que sustentó que el desvío del río Xingú y la canalización proyectada perjjudicarían la actividad económica de mil familias de piscicultores de la zona.
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