Manifestó que el éxito del nuevo modelo procesal penal exige a los
magistrados una nueva forma de impartir justicia basada en una
indeclinable actitud y compromiso que garantice la aplicación de los valores y los principios jurídicos, como condiciones necesarias para la convivencia pacífica y el desarrollo nacional.
En este marco, enfatizó que es necesario que se den la mano el derecho y la realidad, manteniendo un equilibrio entre los derechos procesales del imputado y los de la sociedad. “Los jueces no promovemos ninguna forma de impunidad, ni mucho menos somos garantistas de la impunidad”, subrayó.
El doctor Ticona Postigo anotó que la aplicación de este instrumento penal constituye el hito jurídico más importante en las últimas décadas, pues replantea totalmente la forma de impartir justicia penal en todo el país.
Remarcó que la reforma del proceso penal no sólo forma parte de una política judicial sino, esencialmente, de una política de Estado, cuyo objetivo es la modernización del sistema de justicia, para que esta adquiera mayor oportunidad, transparencia, eficiencia y eficacia a favor de la sociedad, creando las mejores condiciones de seguridad jurídica y desarrollo nacional.
Asimismo, el titular del Poder Judicial señaló que su gestión ha dado un decidido impulso para la puesta en marcha del NCPP, en vista de que así lo exigen los grandes objetivos nacionales e institucionales y la actual coyuntura de inseguridad ciudadana que vive el país.
En este sentido, indicó que la institución judicial, pese a las
limitaciones presupuestales, ha destinado considerables recursos para la habilitación de los despachos judiciales y el equipamiento
tecnológico que se requiere, así como para la capacitación de los
magistrados y auxiliares jurisdiccionales.
Con este mismo propósito, anotó, que se viene implementando de manera progresiva las notificaciones electrónicas y se instaló a nivel nacional el sistema de videoconferencias.
En la ceremonia, participaron el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez
Velarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén Olaya, el general PNP, Máximo Sánchez Padilla, y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Sócrates Zevallos Soto. Igualmente, estuvieron presentes autoridades judiciales, fiscales y políticas de la región.
En tanto, en la sede de la Corte de Justicia de Junín la autoridad
judicial inauguró los ambientes en los que operará el NCPP. Con la
implementación de este modelo procesal en Junín y Ayacucho, culmina su aplicación en el interior del país, quedando sólo pendiente las Cortes de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Ventanilla y Callao, programadas para el 2016.
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