El ambientalista de la ONG Vida, Arturo Alfaro, señaló que si a través del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) se permite al nuevo operador del Complejo Metalúrgico de La Oroya, mayores ventajas ambientales que las que tenía Doe Run, el Perú podría perder $ 800 millones por el arbitraje al que ha sido sometido el Estado Peruano por Doe Run USA.
“Doe Run USA ha presentado como uno de sus argumentos para demandar al Perú, que el Gobierno no le brindó las facilidades para operar y que ese fue uno de los motivos que los obligó a paralizar la empresa”, declaró a INFOREGIÓN.
“Si se modifica el ECA AIRE para SO2 o se le brinda mayores beneficios al nuevo operador a través del IGAC o alguna norma, el Perú pierde el arbitraje y el monto señalado, además que la población de La Oroya estaría sometida nuevamente a una contaminación que afectaría su salud”.
Alfaro informó que, en las sesiones y talleres realizados a través del Grupo Técnico de Calidad del Aire de La Oroya, se llegó a un consenso sobre la necesidad de permitir a Doe Run Perú, o al nuevo operador del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que gocen de un periodo de adecuación al nuevo Estándar de Calidad Ambiental del Aire.
“No se puede demandar al nuevo operador nuevas exigencias que las que ya tenía que cumplir Doe Run Perú cuando se le otorgó la ampliación del cumplimiento de los proyectos de su PAMA en dos ocasiones consecutivas, del 2007 al 2009 la primera vez y del 2009 al 2012 la segunda, añadió.
Asimismo, dijo que el IGAC establecerá los plazos para la adecuación y la tecnología a utilizar, pero todo en el marco de las normas ambientales vigentes.
“La aprobación se tiene que hacer respetando el marco legal vigente, el Ministerio de Energía y Minas no podría aprobar una propuesta de la empresa que pretenda incumplir los estándares de calidad ambiental vigentes, si ello sucediera los funcionarios caerían en responsabilidad administrativa y penal”, finalizó.
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