El personal del Área de Trabajo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estaría involucrado en una serie de irregularidades que perjudican a los internos que trabajan en el Área de Confección Textil del Penal de Máxima Seguridad de Yanamilla. Los trabajadores estarían cobrando el ingreso a los talleres.
A través de una carta, los internos denunciaron que los espacios que ocupan son negociados por el personal encargado del Área de Trabajo del Penal, donde cada interno pagaría entre 30 nuevos soles y 50 nuevos soles para poder instalar sus puestos de confección de mantas.
Otra irregularidad sería la venta de rollos de telas que habrían sido donados por la religiosa María Estrella Valcárcel, “Madre Covadonga”, y el Gobierno Regional de Ayacucho para los internos que laboran en el taller. Sin embargo, habrían sido obligados a pagar entre 10 nuevos soles y 15 nuevos soles por cada prenda que confeccionaron con la tela donada.
Según los denunciantes, quienes no quisieron revelar sus nombres por temor a represalias, los internos son constantemente amenazados de ser trasladados a otros penales y alejados de sus familias si denuncian las irregularidades que comete el personal del INPE.
La Defensoría del Pueblo de Ayacucho ya tiene conocimiento de las presuntas irregularidades que estaría cometiendo el personal de la institución. Se espera que se inicien las investigaciones para sancionar a los responsables, si se comprueba que incurrieron en abuso de autoridad contra los internos que necesitan trabajar para sostener a sus familias.
inforegión-com
A través de una carta, los internos denunciaron que los espacios que ocupan son negociados por el personal encargado del Área de Trabajo del Penal, donde cada interno pagaría entre 30 nuevos soles y 50 nuevos soles para poder instalar sus puestos de confección de mantas.
Otra irregularidad sería la venta de rollos de telas que habrían sido donados por la religiosa María Estrella Valcárcel, “Madre Covadonga”, y el Gobierno Regional de Ayacucho para los internos que laboran en el taller. Sin embargo, habrían sido obligados a pagar entre 10 nuevos soles y 15 nuevos soles por cada prenda que confeccionaron con la tela donada.
Según los denunciantes, quienes no quisieron revelar sus nombres por temor a represalias, los internos son constantemente amenazados de ser trasladados a otros penales y alejados de sus familias si denuncian las irregularidades que comete el personal del INPE.
La Defensoría del Pueblo de Ayacucho ya tiene conocimiento de las presuntas irregularidades que estaría cometiendo el personal de la institución. Se espera que se inicien las investigaciones para sancionar a los responsables, si se comprueba que incurrieron en abuso de autoridad contra los internos que necesitan trabajar para sostener a sus familias.
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