Día muy importante para los trabajadores y el pueblo de La Oroya pues se llevará a cabo la Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP), en donde se deberá aprobar o no el plan de reestructuración presentado por la empresa.
Doe Run tiene acreencias por US$ 442.1 millones reconocidas por Indecopi. De este monto, el Ministerio de Energía y Minas tiene el 36.9% de las acreencias, mientras Doe Run Cayman, subsidiaria de Renco Group, tiene el 35.2%. Otros acreedores importantes son Cormin-Trafigura con el 6.6%, Volcan y sus subsidiarias con el 4.1%, Buenaventura y sus subsidiarias con el 3.9%, Glencore con el 3.2%, Pan American Silver con el 2%, Minera Casapalca con el 1.3% y acreedores laborales con el 1.1%.
Renco Group, empresa de propiedad del multimillonario norteamericano Ira Rennert, tiene el 99.92% de Doe Run Perú SRL, empresa que es propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y de la mina Cobriza en Huancavelica.
REINICIO DE OPERACIONES
Los tres sindicatos del CMLO, junto con organizaciones civiles de la zona, luego de haber realizado un paro donde bloquearon la Carretera Central, el pasado miércoles 4 de abril, han conformado una Comisión de Alto Nivel, junto con los alcaldes provinciales de Yauli, Chanchamayo, Satipo, Concepción y Huancayo, y el presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, para solicitar el reinicio de operaciones del CMLO el próximo 1 de mayo, además de exigir el cumplimiento legal y económico del Estado y de la minera Doe Run en el aspecto ambiental con La Oroya, que se retire las demandas que Doe Run ha entablado contra el Estado y solicitar una reunión con el presidente Ollanta Humala.
Luis Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), conformante de la Comisión de Alto Nivel, declaró que los pasivos ambientales del CMLO vienen desde 1922 y que hay un conflicto de intereses porque el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, “...fue quien vendió La Oroya. Él sabe que se ha suscrito y tiene la obligación de decir la verdad al Gobierno… el contrato le da indemnidad a Doe Run, cualquier denuncia que tuviera, Centromin o el Estado tienen que estar ahí. Si las partes no se ponen de acuerdo, tienen que ir a un tribunal de arbitraje. El ministro no tiene la voluntad política de solucionar este caso. Hace tres años que no opera la empresa y los niños que nacen en La Oroya siguen con plomo en la sangre porque no se han remediado los suelos, que tienen 60 a 70 cm de contaminación que los años anteriores”.
Castillo también declaró que Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, demandó al Estado responsabilizándolo por la salud de los pobladores de La Oroya cuando era director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, por eso desde su cargo defiende una posición contraria a la empresa.
EXTENSION DEL PAMA
Luis Castillo declaró que apoya con reservas el Proyecto de Ley N° 925/2011-CR de extensión al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de La Oroya, porque el artículo 2 exige que se cumplan con las emisiones ambientales y esto solo se puede cumplir cuando se concluya el último de los 9 proyectos del PAMA, el único que falta por ejecutar. “Si esta ley se aprueba, entonces legalizaría que el Complejo esté paralizado otros 30 meses como establece el proyecto”, agregó Castillo. En la actualidad, el CMLO cumple con los límites máximos permisibles de plomo y arsénico desde el 2008 y el último proyecto del PAMA le permitirá cumplir con las emisiones de azufre.
José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú, manifestó que la empresa está dispuesta a reiniciar las operaciones el 1 de mayo. “El último proyecto ambiental ya tiene un avance a la fecha de más del 50%, no se ha cumplido porque las condiciones no nos lo han permitido. El PAMA de La Oroya fue valorizado inicialmente por el Estado, en 1997, en US$ 107 millones y hoy día cuesta US$ 500 millones porque es un proyecto muy complejo y en esa época no se identificaron una serie de factores que tenían que ser considerados, no tenían los objetivos ambientales completos que actualmente se exigen y que han aumentado en volumen y tecnología”.
MENOS CONTAMINACIÓN
“En la actualidad ya no se descarga ningún líquido a los ríos que no cumplan con la clase apta para la agricultura, se dispone adecuadamente de todos los residuos sólidos cumpliendo con las normas ambientales, se han controlado las emisiones ambientales; incluso se cumplen con las normas ambientales de aire aprobadas en Perú para metales como el plomo, faltando solo completar el gas de azufre. En este proyecto hay una inversión pendiente de US$ 180 millones, se construiría la planta en 24 meses y se necesitarían 6 meses para pruebas y ajustes. Hasta la fecha ya hemos invertido US$ 313 millones en todos los proyectos ambientales. Las emisiones de azufre se han reducido a la mitad”.
Mogrovejo explicó en RPP que de acuerdo con el contrato de privatización, el Estado es el responsable de la remediación de los suelos de La Oroya, que es la principal fuente de contaminación actual, y también de los litigios que pudiera enfrentar Doe Run hasta el periodo de culminación del PAMA, establecido inicialmente para el 2006. También declaró que la empresa rechaza cualquier tipo de actividad que afecte a las personas y a la actividad privada, refiriéndose al paro que hubo el 4 de abril.
“La empresa está haciendo todos los esfuerzos necesarios para quedarse en La Oroya, haciendo todos los esfuerzos de entendimiento necesarios con los acreedores”, agregó Mogrovejo.
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