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Una más . Doe Run exige al Estado que asuma el costo de la demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EEUU) por los afectados de la contaminación de La Oroya contra Renco, principal accionista de la empresa, a fin de cumplir con su programa ambiental, cuyo plazo venció en marzo.
Un vocero del Ejecutivo ligada al proceso concursal indicó a un diario local, que actualmente tal demanda le costaría al Estado peruano unos US$ 800 millones, y que incluso podría ser mayor, pues la metalúrgica ha exigido que el país asuma dicho pago “sin limitaciones”.
Según señala el plan de reestructuración que presentó la compañía el jueves último (29 de marzo), si el Gobierno acepta la referida condición, Renco estaría dispuesta dispuesto a otorgar los US$65 millones que faltan para financiar la construcción de la planta de ácido sulfúrico, uno de los compromisos incumplidos por Doe Run.
Esto pese a las reiteradas ampliaciones que le otorgó el Congreso de la República para terminar con el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), explicó la misma fuente a la que accedió Perú21.
En otro punto, el vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, insistió que se necesita 30 meses más, a partir del reinicio de la operaciones de la compañía, para ejecutar el programa ambiental.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía del Parlamento, Luis Galarreta, sostuvo que el Gobierno ya hizo su parte en el caso Doe Run, “por lo que sería nefasto para los intereses del país aceptar estas condiciones”.
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