La Junta de acreedores decidió liquidar Doe Run Perú. El liquidador valorará todos los activos y venderá la empresa al mejor postor. El representante de la empresa liquidadora declaró que aún no se descarta una reestructuración antes de fin de Junio. Si no prospera, el proceso de liquidación durará unos treinta meses, mientras tanto la mina Cobriza seguirá pagando el 70% de los sueldos y la planta seguirá paralizada.
Los trabajadores de alguna forma se pusieron del lado de la empresa porque son testigos de primera mano de los esfuerzos para construir los proyectos medioambientales PAMA y de todo lo avanzado para modernizar la planta metalúrgica. Mientras el liquidador le pone precio a la fundición Doe Run defenderá su propiedad en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en donde demandó al estado peruano por 800 millones de dólares denunciando una posible expropiación. Esta demanda podría afectar los intereses del Perú y el Tratado de Libre Comercio existente con Estados Unidos. Al defender su propiedad; indemnización, gastos y perjuicios por más de 1,500 millones de dólares; podría además librarse de las denuncias de los llamados niños de plomo que se encuentran en los tribunales de Missouri en San Luís. Doe Run nos hará aparecer en los Estados Unidos como un país que no cumple sus contratos (no cumplió con la limpieza de suelos y no se hace cargo de las eventualidades antes de culminar los proyectos PAMA). Dirá que el estado no sólo no resolvió el problema sino que se hizo acreedor de la empresa por unas multas que Indecopi las desestimó en una primera instancia.
A los trabajadores les preocupa que la nueva administración no respete su estabilidad laboral, convierta en contratas las operaciones, ignore los convenios colectivos y todos los beneficios laborales alcanzados. Cuando las operaciones se reinicien habrá nuevos puestos de confianza de la alta dirección y jefaturas. Para que eso ocurra se supone que el nuevo administrador ya debió haber presentado un plan de trabajo que incluya la culminación del último proyecto PAMA tal como se exigía a Doe Run.
Doe Run pagó alrededor de 120 millones de dólares al comprar la planta, 120 millones para mejorar la infraestructura energética, salud, seguridad e impacto social y 313 millones en los programas PAMA. Ha pagado algunas multas y 165 millones pendientes, que le han servido al estado para hacerse parte de la mesa de acreedores. La deuda con sus proveedores llegaría a 100 millones. En el CIADI se verán el contrato y documentos como los de Indecopi y Sunat. El palabreo medioambiental y político no tendrá cabida. Doe Run quizá gane; entonces, la decisión de liquidar la empresa habrá sido la mejor apuesta que el estado hizo en beneficio de la transnacional. Los 1,500 millones que el estado podrían resarcirle a la empresa saldrán del bolsillo de todos los peruanos. Hasta donde sabemos no hay quien se interese por comprar a precio de chatarra la planta por las mismas exigencias que el estado le impone ahora a Doe Run. Una historia que se publica y otra que no es posible porque no hay como probarla.
Manuel A. Gago
No hay comentarios.:
Publicar un comentario