Los integrantes de la comisión de Justicia del Parlamento, en el transcurso de la próxima semana, recibirán una iniciativa de ley, que propone que los deudores de pensión alimenticia sean impedidos de salir del país e incluso no puedan ser contratados por el Estado.
La congresista Ana María Solórzano, titular de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, indicó que actualmente se puede impedir la salida del país del deudor alimentario, pero esto procede solo a pedido de parte y por intermedio de una orden judicial.
“El niño tiene derecho a la alimentación, a jugar, a recrearse y no puede esperar años para recibir una pensión de alimentos. En esto tenemos el compromiso del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia”, dijo Solórzano.
Por su parte, el asesor de la comisión de Justicia del Congreso, Carlos Chipoco, consideró que es importante impedir que estos deudores puedan suscribir contratos con entidades estatales, pues sería incoherente que el Estado, que protege a la niñez, admita a quienes vulneran los derechos básicos de sus hijos o los abandonan.
“El Estado tiene un rol de protección, entonces, cómo se va a contratar a quien está atacando a una parte débil que el Estado debe proteger, como es la niñez. Sería una incoherencia total”, remarcó el especialista.
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