El congresista José Urquizo Maggia, en coordinación con la Asociación DEMUS y organizaciones de la sociedad civil, organizó esta mañana en el Congreso de la República la Mesa de Trabajo “A Nueve Años del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: Reparación para Otras Formas de Violencia Sexual”, donde analizaron la situación de las víctimas de violencia sexual en sus diversas formas en el marco normativo de la Ley Nº 28592-Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), conforme a las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). “Es necesario que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso subsane las observaciones que formuló el Poder Ejecutivo a la Autógrafa de Ley que modifica el Plan Integral de Reparaciones (PIR), para su debate en el Pleno y así sean incorporadas diversas formas de violencia sexual como la esclavitud sexual, prostitución forzada, aborto forzado, en el período de violencia ocurrida entre el año 1980 y el año 2000”, manifestó Urquizo.
Al cumplirse nueve años del informe de la CVR, Susana Cori, Secretaria Técnica del Consejo de Reparaciones, anunció que el Registro Único de Víctimas a julio de 2012, a registrado 2,422 casos de violación sexual y 891 casos de otras formas de violencia sexual, es decir, en la práctica el Consejo de Reparaciones ya ha registrando formas de violencia sexual como la esclavitud sexual, prostitución forzada, aborto forzado, pero es necesario darle rango de ley mediante la iniciativa legislativa del congresista José Urquizo.
Por otro lado, Jeannette Llaja, directora de DEMUS, manifestó que además de las otras formas de violencia sexual señaladas taxativamente arriba, debería dejarse abierto el artículo: “…entre otras formas”, a fin de incorporar otras formas más de violencia sexual como tortura en órganos sexuales y desnudos forzados por ejemplo.
Asimismo, Gladys Canales, presidenta de la Coordinadora Nacional CONAMUACAI, saludó el Proyecto de Ley Nº 719/2012-CR del congresista José Urquizo Maggia, a fin de dar visibilidad a otras formas de violencia sexual y a la vez manifestó que con este gobierno esperan que se encuentre la justicia que vienen persiguiendo hace más de tres décadas.
A su turno Gisella Vignolo, adjunta para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, consideró importante que el Proyecto de Ley Nº 1356/2011-PE, presentado por el Poder Ejecutivo el 23 de julio de 2012, que propone establecer criterios de priorización para la ejecución de las reparaciones económicas, sea acumulado con el dictamen que recaerá en la Observación a la Autógrafa de Ley que modifica el PIR. Vignolo también aseguró que el proyecto de ley en cuestión no tiene iniciativa gasto y con la aprobación de estas modificaciones al PIR tales víctimas podrán acceder a reparaciones en salud y otras reparaciones.
Es importante recalcar que el PIR también considera como beneficiarios individuales a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú e integrantes de los Comités de Autodefensa y autoridades civiles heridas o lesionadas en acciones violatorias de los derechos humanos. Del mismo modo, excluye de las reparaciones a miembros de organizaciones terroristas.
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