El pleno del Congreso aprobó por mayoria el dictamen que sanciona con hasta veinte años de cárcel a quien asesine a miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, magistrados del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y del Ministerio Público.
El dictamen también aplica la misma sanción a quienes quiten la vida a cualquier persona elegida por mandato popular.
La norma incorpora el artículo 108-A al Código Penal y modifica los artículos 46-A, 108, 121 y 367 del mismo cuerpo normativo a fin de sancionar hasta con 35 años de cárcel las circunstancias agravantes.
Asimismo, plantea modificar varios artículos del Código de Ejecución Penal para restringir algunos beneficios penitenciarios a quienes maten a policías, militares, magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Ministerio Público, así como de autoridades elegidas por mandato popular.
Entre los beneficios restringidos se encuentran la acumulación de la redención de pena por trabajo y educación, así como la semi libertad,
La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello (APGC), señaló que a través de la iniciativa se busca dar protección a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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