martes, 29 de julio de 2014

ONPE exigé al Congreso que apruebe Ley de Partidos y modifique revocatoria


A días para que el Congreso retome sus labores en el marco de la Legislatura 2014-2015, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, exhortó al Congreso que apruebe la nueva Ley de Partidos Políticos y modifique el mecanismo de la revocatoria, reformas que afirmó que son absolutamente indispensables para la institucionalidad democrática.

“Un llamado al Congreso al inicio de esta legislatura, que discuta y debata la propuesta formulada por el sistema electoral para aprobar una nueva Ley de Partidos y reformar la revocatoria. Creo que esos temas deben ser parte de la agenda sustantiva del Parlamento en esta nueva legislatura”, insistió.

Según mencionó, la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentaron dos proyectos de ley para modificar ambas normas, a fin de fortalecer a los partidos así como los gobiernos regionales y locales.

El proyecto de Ley de Partidos establece el financiamiento público directo para que estas organizaciones puedan desarrollar una vida partidaria y no dependan de recursos externos. Además, fija mayores sanciones en caso de transgresiones a las regulaciones de transparencia de las finanzas partidarias.

Se instaura la obligatoriedad de las elecciones internas de los partidos, que se realizarán en un solo día, con la participación del Reniec en la elaboración del padrón; de la ONPE, en la organización del proceso; y del JNE en la administración de la justicia electoral.

Y el proyecto para modificar la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos elimina la necesidad de convocar a nuevas elecciones, en el caso que triunfe el sí en una revocatoria, eventualidad en la que las autoridades destituidas de sus cargos serían reemplazados por los accesitarios.

Cucho advirtió que la convocatoria a nuevas elecciones como consecuencia de una revocatoria es muchas veces el principal incentivo para promover ese mecanismo, lo que afecta la adecuada gestión y la gobernabilidad en los municipios y regiones.

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