miércoles, 20 de mayo de 2015

Narcoestado



Gerald Oropeza es solo un acopiador más. De los más capos, ni su sombra.

En 1980 se descubrieron pozos de maceración de coca en un terreno de Centromín Perú ubicado en Umuto, a pocos minutos del centro de Huancayo. Pozos de unos 2 metros de diámetro y doble de profundidad, en perfecto orden y en más de una fila, contenían abundante hoja de coca. Algún medio de comunicación local habría registrado la noticia que a los pocos días se desvaneció sin saber más. Centromín, una importante empresa minera estatal de entonces, nunca aclaró el uso oficial de aquel terreno ni quién estaba a cargo.

En Satipo – cuando la Revolución Peruana se apropiaba de los medios de comunicación y de cuanta chacra debía ser “nacionalizada” -, más de un colono abandonó sus terrenos al no poder transferir la titularidad antes de la llegada de la expropiación. Con los años, esos antiguos propietarios decían que sus chacras tal vez son ahora plantaciones de coca y sus nuevos dueños capos entre tantos capos.

¿Somos ya un narcoestado? nos preguntamos a la luz de tantos datos y acontecimientos. Somos primer productor de hoja de coca y clorhidrato de cocaína. En cada esquina, el pitufeo – lavado de activos al menudeo – en las narices de la autoridad.

Se asegura que Venezuela es narcoestado. Por su situación geográfica y política se convierte en centro estratégico para enviar droga a las costas de África occidental y desde allí a Europa. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea de Venezuela, fue acusado en España, por su ex jefe de seguridad, de ser cabecilla del Cártel de los Soles, vinculado a militares. En Panamá, el dictador Manuel Noriega negociaba droga del Cártel de Medellín. El PRI (Partido Revolucionario Institucional), que gobernó México durante 71 años sin interrupciones – en la práctica una dictadura -, habría creado las condiciones para la formación de los Zetas, cártel conformado por ex militares.

Los capos negocian con facilidad con las dictaduras. Parece ser el caso de Venezuela, Panamá y México. ¿Habrá sido también el caso del Perú durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado? De Uchiza, Tocache y sus pistas clandestinas en el Alto Huallaga se decía mucho. Ni la PIP (Policía de Investigaciones) ni otra autoridad se ocuparon de los pozos de Centromín construidos con exactitud matemática. Ya en 1970, la dictadura militar controlaba totalmente el Perú y, se asegura, que por barco se enviaba fuera del país cocaína mezclada con harina de pescado.

¿Hubo capos en la Revolución Peruana? ¿Todavía sobreviven? ¿Han mejorado sus conexiones con las nuevas bandas nacionales e internacionales? ¿Podemos reconocerlos y probarles sus delitos en medio de tanto desorden, incapacidad, negligencia y lentejas de por medio? ¿Se han investigado las fortunas que nacieron en esos años?

En África, los ejércitos tribales que libran hoy guerras religiosas, negocian con cualquier tipo de mercadería que provea suficiente dinero para sus propósitos bélicos. Se dice que los grupos islámicos pierden los escrúpulos cuando de armas y de drogas se trata, convirtiéndose en parte del andamiaje que permite que la droga llegue a Europa por territorios africanos. La criminalidad campea por ausencia de orden, autoridad e instituciones del estado, sin responsabilizarse de sus actos.

Gerald Oropeza es solo un acopiador más. De los más capos, ni su sombra. ¿Tendrán en su planilla a comandantes, jueces, fiscales y policías sobornados, orondos representantes de una institucionalidad que funciona por encargo del mal?

Por: Manuel A. Gago Medina

18 – May – 2015

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