miércoles, 12 de julio de 2017

Fiscalía desarticula organización de trpafico ilegal de madera en Satipó.

foto Juanse Guevara

 Un total de once detenidos, entre ellos presuntos miembros del clan familiar ‘Bottger Porres’ y funcionarios del Servicio Forestal de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego, fue el resultado de un operativo contra el tráfico ilícito de maderas dirigido esta madrugada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín, desplegado en simultáneo en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo y, en las ciudades de Lima y Pucallpa.

El operativo, denominado ‘Los Castores de la Selva Central’, estuvo liderado por el fiscal José Luis Infante Cabrera, cuyo trabajo de investigación, iniciado en noviembre del año 2016, permitió la captura de Dorti Nelida Porras Anchiraico de Bottger, Janis Werner Bottger Porres, José Luís Crispin Llanco, Jim Rodríguez Frachini, Delta Nirvana Salas Veliz, Irma Mayumi Quispe Albarrán, Nery Efraín Talavera Mallqui, Raúl Santos Quispe Curasma, Alfredo Deyvis Falcón Romero, Karla Dorthy Bottger Porras y Dayton Frankie Nano Abel.

Todos ellos permanecerán bajo mandato de detención preliminar por el plazo de diez días, obtenido por Ministerio Público ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo. La medida permitirá continuar las investigaciones por los presuntos delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables, asociación Ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, encubrimiento personal, falsedad material y falsedad ideológica.

Durante la intervención se logró incautar sellos falsos y dos camiones cargados de madera, armas y una escopeta, así como diversos documentos y una laptop, entre otros elementos que serán materia de análisis por el Ministerio Público.

El megaoperativo fue supervisado de cerca por el fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, quien destacó el éxito de la intervención e informó que la pena máxima a la que podrían ser sentenciados los involucrados sería de diez años de cárcel.

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