Señala 2° Reporte “La Corrupción en el Perú” de la Defensoría del Pueblo
Se necesita institucionalizar el Sistema Anticorrupción a través de un marco normativo que establezca sus competencias y defina al ente rector.
La Defensoría del Pueblo advirtió la debilidad del sistema anticorrupción en nuestro país, lo que genera, entre otras repercusiones, la poca efectividad en la aplicación de sanciones. Hasta octubre del año pasado 543 reos estaban en la cárcel por delitos de corrupción en el país y solo el 49% de ellos tenía sentencia.
Las regiones con mayor número de recluidos por delitos contra la administración pública son Lima, Ica y Áncash. La población penitenciaria detenida por corrupción representa menos del 1% del total de personas privadas de la libertad, según lo contempla en el 2do Reporte La Corrupción en el Perú, denominado “El sistema anticorrupción peruano: diagnósticos y desafíos”.
El estudio advierte que una de las debilidades del Sistema Anticorrupción es la ausencia de un marco normativo que establezca sus competencias, componentes e integrantes, además de definir su ente rector. Esta falta de institucionalidad no permite una intervención articulada y coordinada de las instituciones que lo conforman. Agrega que esta tarea requiere esencialmente de voluntad política.
También pone en evidencia la limitada capacidad del sistema para generar información confiable y el incipiente desarrollo de un enfoque preventivo. Recoge además algunas recomendaciones del estudio de integridad de la OCDE como la necesidad de clarificar los criterios de selección, ejercicio y remoción del Coordinador General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN); además de ampliar su composición con otros actores clave como la Autoridad Nacional del Servicio Civil, la ONPE, entre otros.
La preocupación de la institución se enfoca en cómo esta problemática afecta los derechos de las personas, pues la corrupción limita la capacidad del Estado para brindar servicios que materializan derechos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad social, entre otros. El reporte busca ser una fuente de información para la toma de decisiones y constituye una de las líneas de trabajo de la nueva Adjuntía para la Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado.
Puede ver el reporte completo en el siguiente link:
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