Deterioro de paredes, techos y falta de accesibilidad para personas con discapacidad son las principales observaciones.
Recursos para reparaciones todavía no son distribuidos a las II.EE.
A partir de la supervisión a colegios públicos efectuada por sus oficinas a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el estado de la infraestructura en algunos locales escolares públicos, situación que pone en peligro la vida e integridad de estudiantes y docentes, especialmente a pocos días para el inicio clases.
Los hallazgos más preocupantes en los colegios visitados por las oficinas defensoriales son la falta de accesibilidad para personas con discapacidad (falta de rampas y sanitarios adaptados), deterioro de paredes y techos de las aulas, baños y sanitarios en mal estado, cercos perimétricos colapsados; locales sin inspección técnica de seguridad, locales escolares calificados en riesgo muy alto y que carecen de zonas seguras y rutas de evacuación.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recuerda que por mandato de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2018, el Ministerio de Educación debe destinar 378 millones de soles para el programa anual de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario escolar. Igualmente corresponden 5 millones de soles para la adecuación de la infraestructura y adquisición de material pedagógico las para instituciones educativas que atienden a estudiantes con discapacidad. Sin embargo, a la fecha estos recursos no han sido distribuidos a las II.EE. para ejecutar las citadas acciones.
Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Minedu que apruebe a la mayor brevedad la norma técnica con las disposiciones para ejecutar el mantenimiento de los locales escolares. Asimismo, se exhortó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) a que apruebe la relación de las II.EE que serán incluidas en el programa de mantenimiento en el año escolar 2018.
La Defensoría del Pueblo recuerda que la brecha en infraestructura educativa es de 100 mil millones de soles. El censo del año 2013 en esta materia reveló que el 48% de las edificaciones escolares públicas requieren ser sustituidas y el 18% necesitan ser reforzadas.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación de calidad.
El Estado debe, entre otros aspectos, brindarles locales escolares seguros, salubres y adecuados a la geografía y clima de cada región, con acceso a servicios básicos así como mobiliario suficiente y en buen estado. La Institución continuará con sus acciones de supervisión para salvaguardar los derechos de miles de escolares en todo el país.
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