El asesinato de la lideresa Olivia Arévalo Lomas, promotora de los derechos culturales del pueblo indígena shipibo-conibo, fue condenado por la Defensoría del Pueblo y se exige una rápida investigación que permita su esclarecimiento y la identificación de los responsables.
Miembros de la Defensoría del Pueblo en la región se han trasladado hasta la localidad de Yarinacocha, Ucayali, para conocer la acción realizada por las autoridades policiales y solicitar que se recaben los primeros testimonios de familiares de la víctima y posibles testigos, a fin de contribuir con su pronta investigación.
“Consideramos oportuno recordar que el creciente incremento de actividades como la tala ilegal de madera, minería ilegal, tráfico de tierras y narcotráfico, ha colocado en una situación de especial vulnerabilidad a los integrantes de pueblos indígenas, poniendo en riesgo las vidas e integridad de sus miembros, especialmente, la de sus dirigentes y líderes”, señaló la entidad citada.
El asesinato de Mauro Pio Peña, jefe de la comunidad nativa asháninka de Nuevo Amanecer Hawai en el año 2013, la muerte de los cuatro dirigentes indígenas ashéninkas de la comunidad nativa de Alto Tamaya Saweto en setiembre del 2014, las amenazas líderes y miembros de la comunidad nativa shipibo-conibo de Santa Clara de Uchunya desde el 2015, no son hechos aislados sino consecuencia del incremento de las actividades ilícitas citadas.
Es obligación del Estado realizar acciones tendientes a evitar estos hechos, iniciar las investigaciones correspondientes, individualizar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes, consideró la Defensoría del Pueblo refieren a Inforegión.
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