Por Elizabeth Salazar Vega
Elvis Escobar vive al pie de la Laguna Pariona, en las heladas pampas de Huancavelica. Desde su puerta se ven los restos de lo que alguna vez fue un próspero criadero de truchas: ahora, donde antes hubo millones de litros de agua, ahora hay un descampado de tierra blanca, seca y agrietada. Es el lecho de la laguna que se empezó a extinguir hace siete décadas, desde que un proyecto del Gobierno ordenó desviar sus aguas para para abastecer a proyectos agrícolas.
Elvis es presidente de la “Asociación de Productores de Truchas y Alpacas Los Ángeles”, que reúne a 50 criadores de trucha de la provincia de Huaytará, pero en esta temporada no hay peces que criar, ni agua suficiente para sus alpacas. En estos días es solo el guardián de una laguna seca.
“El ecosistema se alteró desde que construyeron un canal para enviar toda el agua a Ica. Perdimos negocios, animales y una laguna hermosa. Podemos compartir este recurso, pero debemos beneficiarnos los comuneros de las dos regiones, no solo ellos”, dice Elvis.
El dirigente se refiere al Sistema de Trasvase de Choclococha, una obra construida en 1950 para represar con material impermeable los bordes de tres enormes lagunas de la cuenca alta de Huancavelica (Orcococha, Choclococha y Ccaracocha), a fin de juntar más agua y derivarla a la costa de Ica.
El líquido es desviado por ductos de cemento, de unos 55 km de largo, que atraviesan esta región altoandina que sobrevive de la crianza de camélidos y tiene al 50% de su población en extrema pobreza. Quienes demandan el recurso son las grandes agroexportadoras de palta, espárragos y uvas que han sobreexplotado sus propios acuíferos, las mismas que –al término de este 2018– habrán facturado ventas por mil millones de dólares. El valle iqueño de Villacurí es una de las zonas más críticas por estrés hídrico. Allí 139 agroexportadoras pugnan por acceder al agua para no perder sus millonarios cultivos.
Las compuertas del trasvase permanecen cerradas casi todo el año, por eso grandes tramos de la Laguna Pariona y de otros estanques se secan hasta casi desaparecer. Solo se abren los meses de estiaje costero, de setiembre a octubre. Cuando ello sucede, Eudosia Martínez y sus vecinos de la comunidad huancavelicana de Santa Inés huyen de casa con lo que tienen puesto, pues corren el riesgo de que los ríos y lagos ubicados en la ruta se desborden por la fuerza del torrente.
LAGO SECO. Cuando las compuertas del trasvase permanecen cerradas, la Laguna Pariona se seca hasta casi desaparecer. El trasvase Choclococha alteró su ecosistema natural. Aquí se construirá la nueva represa para Ica.
Foto: Yuri Huaynalaya.
“En cualquier momento Santa Inés va a desaparecer. Si no es por la inundación, será por el friaje. Nosotros sí queremos compartir porque con Ica somos como hermanos, pero no recibimos apoyo de ninguna de las dos regiones. Seguimos aislados”, cuenta Eudosia mientras muestra los daños que causó la última credida del caudal en su casa de quincha.
A pocos metros de ello, aprovechando las filtraciones de la laguna, su vecina Cleta Durand lava la ropa. “Solo para esto sirve, porque también está contaminada por culpa de las mineras. Hace años no podíamos ni siquiera tocar el agua, había guardias cuidando el canal. Todo era para Ica”, dice Cleta.
Los pobladores de Santa Inés, Carhuancho, Choclococha, Pilpichaca y todas las comunidades aledañas a este trasvase, que desvía 83 millones de metros cúbicos anuales a la agroexportación, no cuentan con agua potable. Se abastecen del líquido entubado que proviene de los puquiales.
Tras siete décadas de tensiones –agudizadas desde el 2005 por la intención del Gobierno Regional de Ica de construir nuevos ductos sobre los bofedales huancavelicanos– en marzo del año pasado el Ministerio de Agricultura y los gobernadores de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez; y de Ica, Fernando Cillóniz, firmaron un convenio al que bautizaron como “La hermandad del agua” y que, aseguran, acabará con el conflicto.
El pacto incluye la creación de dos nuevas represas para derivar más agua a la agroexportacion costera; ya no en la parte alta de la cuenca, sino en una zona media, casi limítrofe con Ica. Sin embargo, la forma cómo llegaron a este acuerdo y los beneficios concretos que obtendrá Huancavelica a cambio no están claros.
Una de las represas se construirá sobre la lánguida Laguna Pariona, pero Elvis Escobar ni sus vecinos alpaqueros de Huaytará conocen los detalles del proyecto. El mismo alcalde de su provincia, Jesús Huarcaya, admitió a Ojo-Publico.com que no leyó el acuerdo firmado.
El trato
La mañana del 28 de febrero del 2018, Silvano Guerrero, dirigente de la Comunidad Campesina de Alto Pampas, recibió la llamada de un funcionario del Gobierno Regional de Huancavelica que lo invitaba, dentro de dos días, a asistir a Palacio de Gobierno para la firma de un “convenio de colaboración y afianzamiento hídrico” que celebrarían con los vecinos de Ica. Guerrero, representante de los comuneros que viven alrededor del Trasvase Choclococha, y quien el 2007 lideró con éxito una protesta para que el Estado no construya ductos sobre sus humedales, no sabía de qué convenio le estaban hablando.
En las fotos oficiales, tomadas el 2 de marzo del 2018 en Palacio de Gobierno, aparecen el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski; la extitular del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz; el exministro de Agricultura, José Arista; y los gobernadores de Ica, Fernando Cillóniz; y de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez. Además de otras autoridades locales y regionales que resaltaron el “largo proceso de diálogo y entendimiento” para llegar a este acuerdo. Ningún dirigente de las comunidades involucradas estuvo presente.
El convenio lleva el nombre de “Sistema de afianzamiento hídrico de los valles de Ica y Pisco, en Ica, y áreas irrigables de las provincias de Huaytará y Castrovirreyna, en Huancavelica” y, según los comunicados oficiales, está “orientado a impulsar el desarrollo de la agricultura” con la construcción de dos nuevas represas y la habilitación de sistemas de riego todo el año.
VICTORIOSOS. El gobernador de Ica, Fernándo Cillóniz, muestra el convenio firmado el 2 de marzo de este año bajo el lema "La hermandad del agua". A su lado izquierdo está el gobernador de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez.
Foto: PCM
Cillóniz fue más preciso y anunció el pago de una retribución económica y permanente a favor de Huancavelica a fin de generar más agua a futuro. “Los beneficiarios vamos a compartir la renta generada en la producción agrícola con la cordillera donde se gesta el recurso (…) Toda el agua que produzcamos y trasvasemos se compartirá primero con las partes altas”, aseguró antes de posar para los camarógrafos con el puño en alto. El también empresario y consultor de la agroexportación, dejó el cargo el primero de enero de este año.
Sus promesas no están incluidas en las 10 páginas del convenio 003-2018-MINAGRI-DM. El documento al que pudimos acceder es una adaptación del proyecto privado “Sistema de Afianzamiento Hídrico del Valle de Ica” que el mismo Cillóniz impulsa desde el año 2015 bajo el nombre de 'Agua Grande', y que fue rechazado por las comunidades de Alto Pampas porque incluía la construcción de un ducto sobre sus bofedales y una represa en el río Carhuancho, ambos ubicados arriba del trasvase actual, en la zona más alta de las provincias de Huaytará y Castrovirreyna.
El nuevo acuerdo retira dichas obras, pero añade la construcción de dos represas en la zona media de las mismas provincias, más cerca a Ica. El objetivo es el mismo; sumar más agua a la costa agroexportadora. Para ello se detalla el tipo de concesión público-privada que deberá firmar el Estado al construir las represas, así como el rol, los plazos y los recursos que desembolsarán el Ministerio de Agricultura (Minagri) y la región Ica con este fin.
Los beneficios para Huancavelica, en cambio, aparecen en este mandato: “Incorporar sistemas de riego en las proximidades de embalses 0 c0nducciones que se definan en beneficio de las poblaciones locales”. No se especifica qué trabajos ni cuándo se realizarán, tampoco a qué localidades beneficiarán, ni con qué presupuesto se ejecutará.
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En el acuerdo también se indica que el Minagri brindará apoyo técnico, e incluso económico, para construir tres proyectos de irrigación en la región altoandina, donde el pastoreo es prioridad y la agricultura cubre apenas el consumo interno. Sin embargo, los que se mencionan no son nuevos, datan del año 2013 y dos de ellos se ubican en Tayacaja y Angaraes, provincias fuera de la zona de influencia de las presas que se van a construir en Castrovirreyna y Huaytará.
La tercera obra sí se ubica en esta última provincia. Quien hasta el año pasado fue alcalde Huaytará, Jesús Huarcaya, confía en que sus vecinos se beneficiarán con el riego continuo de pastizales, papas, trigo y quinua que actualmente dependen de la lluvia o filtraciones de puquiales. “Lo importante es que la población se verá favorecida porque tendrá acceso paulatino a agua potable”, aseguró la autoridad edil que también estuvo presente en la firma del convenio. Tras preguntarle si pudo leer el pacto suscrito, confesó que no. “Su contenido lo han manejado los dos gobernadores", agregó.
"Infraestructura de riego y agua potable; eso fue lo que pedimos y discutimos en las mesas de diálogo realizadas en los dos últimos años, ya hay acuerdos asumidos. Si es que estos temas no están en el último convenio confiamos en que las autoridades honrarán su compromiso anterior. Lo más importante es que ahora tenemos la Mancomunidad Regional Huancavelica – Ica (MANRHI) para tomar decisiones conjuntas sobre la gestión del agua y que el Proyecto Especial Tambo Ccaraccocha (PETACC), que administra el funcionamiento del trasvase, ya no es solo de Ica, sino de ambas regiones”, explicó Huarcaya.
SIN AGUA. Las comunidades que viven en las zonas aledañas al trasvase no cuentan con agua potable. Ellos beben del líquido que se filtra de los puquiales y que ha sido entubado para que llegue a sus casas.
Foto: Elizabeth Salazar
Los dos logros que el exalcalde destaca no son producto del convenio firmado en marzo último, sino de las mesas de diálogo impulsadas por organizaciones civiles, nacionales e internacionales, y que llegaron a su fase final entre el 2015 y 2017, teniendo como mediador a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Gustavo Echegaray, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codehica), recuerda que la última vez que se reunieron fue el 20 de julio del 2017, y si bien hubo importantes avances, quedaron pendientes las demandas de las comunidades que viven en el nacimiento del trasvase. La mayoría de ellas referidas a compensaciones ambientales por los daños sufridos por en las últimas décadas.
“Con la creación de la MANRHI se cerraron las mesas de diálogo y se sacó de escena a los dirigentes comunales porque este es un ente de coordinación política, donde solo participan los gobernadores y sus gerentes. Hoy, el espacio de diálogo que queda para recibir los aportes de los comuneros son los Consejos de Cuenca de Huancavelica [Tambo-Ica, más cercana a la costa aagroexportadora y Alto Pampas, donde nace el trasvase], donde las demandas están divididas entre aquellos que quieren negociar para obtener beneficios de las presas y los que buscan ser compensados por los daños sufridos y que se protejan los bofedales", explica Echegaray.
Para el dirigente de Alto Pampas, Silvano Guerrero, lo que ha hecho Ica es trasladar la construcción de sus represas a la zona media de Huancavelica para no tener que negociar con sus comunidades, pese a que toda el agua del trasvase de Choclococha proviene de sus lagunas.
Los beneficiados
Hay dos caminos para llegar a la zona donde nace el trasvase: la comunidad de Choclococha. La trocha zigzageante de la izquierda, escoltada por rocas y cerros, nos lleva a las casas de 297 comuneros, casi todos alpaqueros que a diario recorren kilómetros para buscar pasto fresco con que alimentar a sus animales. La ruta de la derecha nos guia a un pueblo fantasma de quincha y barro, donde todavía se distingue el campanario de una iglesa. Esta era la ciudad original, pero fue destruida hace décadas luego que el canal se desbordara por la excesiva acumulación del agua y la negligencia de sus operadores.
PUEBLO FANTASMA. Esto es lo que queda del pueblo original de Carhuancho, luego que el trasvase se desbordó y arrasó con todo. Sus habitantes nunca fueron compensados por los daños.
Foto: Yuri Huaynalaya / Ojo-publico.com
“Teníamos un pueblo hermoso, con plaza, escuela e iglesia, pero nos vimos forzados a trasladarnos al otro extremo, en suelo rocoso y sin pastizales. Desde que se interrumpió el ecosistema natural el agua no se filtra a los bofedales y las tierras de pastoreo se secan, por eso nos vemos obligados a vender nuestro ganado, por falta de alimento para ellos. Sufrimos ya tantos años por esta represa. Hicimos un acuerdo con el PETACC para que la presa no pase de los 50 metros de alto, pero lo desconocieron, y ahora nos dicen que lo elevarán más. La gente que vive abajo quiere más agua, pero por lo menos nos tienen que indemnizar”, dice Nemesio Quispe Solano, presidente de la comunidad.
La compensación a los pueblos afectados no forma parte del convenio. El pago por el agua que Cillóniz anunció en Palacio de Gobierno es una iniciativa acordada el 2017 en la MANRHI, producto de las mesas de diálogo, y se trata de un aporte voluntario como parte del programa de conservación ambiental denominado Merese (Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos) y que se usaría para sembrar y cosechar más agua.
En agosto del año pasado el exgobernador huancavelicano, Glodoaldo Álvarez, aseguró ante la prensa que esta retribución significaría unos S/7 millones anuales de ingresos para Huancavelica, pero en la última reunión de la MANRHI, el presidente de esta entidad, Luis Chiquillanqui, precisó que la cifra real bordearía los S/193 mil.
Los principales usuarios del agua en la zona costera, y quienes deberán costear este aporte, son las grandes agroexportadoras representadas por la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), la misma que formó parte activa de las mesas de diálogo. Entre sus afiliados encontramos a las tres principales exportadoras del sector: Agroindustrial Beta; la agroexportadora Drokasa, vinculada al exsecretario de Fuerza Popular José Chlimper; y a Procesos Agroindustriales, de la Corporación Cervesur.
Como parte de la serie investigativa publicada el año pasado Los Dueños del Agua, Ojo-Publico.com identificó el número de derechos permanentes y temporales que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) entregó a estas y otras compañías para extraer el recurso. El análisis revela que Agroindustrial Beta es la compañía agroexportadora con mayor número de licencias de explotación del acuífero del valle en Ica.
DIVIDIDOS. Las comunidades ubicadas en la cuenca de Alto Pampas fueron partidas en dos tras la construcción del trasvase Choclococha. Sus viviendas quedaron a la izquierda y las zonas de pastoreo de ganado a la derecha.
Foto: Yuri Huaynalaya / Ojo-publico.com
La JUASVI y la Empresa Municipal de Agua Potable de Ica (Emapica) ya acordaron aumentar la tarifa de uso del agua en un 10% para pagar esta compensación, y están solicitando que la Junta de Usuarios de Riego La Achirana e Ica, que reúne a pequeños agricultores, realice el mismo aporte.
El acuerdo debió incluir detalles precisos sobre los beneficios que recibirá Huancavelica, pero esto aún no ha ocurrido.
Ismael Muñoz es profesor del Departamento de Economía de Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coautor del libro Aguas en Disputa, que recoge los intentos de diálogo que mantuvieron los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica para lograr el uso compartido del agua. Él destaca la transferencia del PETACC a ambas regiones y la creación de la MANRHI como hitos en estos años de diálogo, pero muestra preocupación por las demandas que quedaron pendientes y no fueron incluidas en el convenio.
“El acuerdo debió incluir detalles precisos sobre los beneficios que recibirá Huancavelica y esto pasa por un trato equitativo para evitar nuevos conflictos. Se ha avanzado mucho en el diálogo, pero la falta de comunicación podría afectar todo el proceso. Esperamos que este acuerdo político se alimente de proyectos concretos y solucione las demandas pendientes de todas las comunidades”, añadió.
El entonces gobernador de Huancavelica aseguró que los huancavelicanos sí sacarán provecho de este pacto, pues se diseñarán proyectos de siembra y cosecha del agua, se construirán cochas, se hará un inventario de lagunas y se tenderán sistemas de riego. Al preguntarle con qué recursos se concretarán estas obras, dijo que ese aspecto quedó pendiente. “El mecanismo Merese es un pago voluntario. En realidad, necesitamos que el Congreso apruebe el cobro de un verdadero canon del agua para tener recursos directos. Pero los compromisos están y la voluntad política también. Es el mejor acuerdo que pudimos lograr”, añadió Álvarez.
Los acuerdos adoptados en las mesas de diálogo y las promesas que no llegaron a aterrizar en el convenio firmado en marzo del 2018 están ahora en manos de los nuevos gobernadores regionales: Maciste Díaz (Huancavelica) y Javier Gallegos (Ica). Ellos decidirán si continúan y perfeccionan las propuestas o vuelven todol a fojas cero.
Foto de portada: Lecho seco de la Laguna Pariona (también conocida como Parionacocha), en la provincia de Huaytará, Huancavelica.
Créditos: Yuri Huaynalaya/ Ojo-Publico.com
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