Si bien Latinoamérica es la región líder a nivel mundial en facturación electrónica gracias a las iniciativas impulsadas desde el sector público para la masificación del sistema, Perú se encuentra entre los cuatro países más rezagados del continente, junto a Ecuador, Paraguay y Venezuela, según el Reporte Global de Facturación Electrónica 2019 de la consultora Billentis.
Perú permanece catalogado como “promedio”, calificación que obtuvo en el 2016, de acuerdo al informe de la consultora suiza. Sin embargo, el proceso de masificación de la factura electrónica peruana ha permanecido estancado y fue superado por otros países que ahora ocupan la categoría de “líderes”, como Colombia, Argentina, Uruguay e inclusive Bolivia.
Pese a los esfuerzos realizados desde la SUNAT, la evolución del país en facturación electrónica no ha sido la esperada y actualmente la obligatoriedad se resume en reiteradas prórrogas con plazos de ejecución. Quienes implementan y emiten facturación electrónica, lo hacen de manera voluntaria. En consecuencia, los empresarios peruanos aún no perciben este modelo como una ventaja competitiva; sino como una barrera al momento de facturar.
Sin embargo, la SUNAT ha dado muestras de un sólido compromiso con el proceso de la masificación de la facturación electrónica, implementando el sistema OSE, bajo el mismo modelo que utilizan países líderes en el sector como México, para evitar los errores cometidos por experiencias en Brasil y Chile donde el sistema No OSE retrasó la masificación por más de 15 años.
Los Operadores de Servicios Electrónicos son empresas que están en capacidad de prestar el servicio de emisión de comprobantes a los contribuyentes. Actualmente, la SUNAT ha otorgado autorización a ocho OSE para operar en el país, y su participación será fundamental para posibilitar que Perú ingrese al grupo de líderes en el sector junto al resto de países de Latinoamérica.
Al igual que en otros mercados, los OSE cumplen con normas y certificaciones a nivel internacional para garantizar la seguridad de la información compartida en la factura electrónica. La facturación electrónica es privada y está protegida por leyes que destacan que la información de los documentos le pertenece a los contribuyentes.
La SUNAT inició el proceso de masificación de la facturación electrónica en el 2012, implementando un cronograma de obligatoriedad. Según el último reporte presentado por la Superintendencia, al cierre del 2018 se registraron más de 203 mil nuevos emisores y se enviaron 263 millones de facturas digitales. Para el 2019, los contribuyentes que se incorporarán al sistema son: las empresas del sector financiero que realicen operaciones gravadas con el IGV y las compañías que al 31 de diciembre del 2018 registraron ingresos mayores o iguales a 150 UIT.
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