El contralor general, Nelson Shack, se presentó ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres del Congreso de la República para informar sobre las acciones de control simultáneo realizadas en la región Huancavelica en el período de la Emergencia Sanitaria Covid-19. Durante su intervención también reiteró su pedido de devolverle a la Contraloría la capacidad sancionadora reconocida constitucionalmente.
“Cuando se empiecen a publicar los resultados del control posterior en Huancavelica y en todo el país, la ciudadanía conocerá quiénes son los funcionarios que han cometido irregularidades, inconductas funcionales en el ejercicio de su función o incluso ilícitos penales que merecen ser sancionados, pero ahí vendrá el problema, por la gran sensación de impunidad que todavía existe, ya que la Contraloría hoy tiene recortadas sus capacidades para sancionar administrativamente a nadie”, alertó.
Esta incapacidad, recordó, fue ocasionada por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) desde abril del 2019, por lo cual exhortó al Congreso a priorizar el debate y la aprobación de la ley que devuelve la capacidad de sanción a la Contraloría.
Servicios de control en Huancavelica
De otro lado, informó que la Contraloría realizó 211 servicios de control en entidades del gobierno nacional, regional y local de Huancavelica, durante la Emergencia Sanitaria, a fin de supervisar el uso de los recursos públicos para mitigar los riesgos por el Covid-19 en este departamento. Las intervenciones alcanzaron a las siete provincias con las que cuenta la región, así como en 85, de los 93 distritos existentes.
Entre las principales intervenciones, se encuentra la realizada en el Establecimiento Penitenciario de Huancavelica. En los tres informes de control emitidos al respecto, se advirtió que el penal no cuenta con personal médico ni medicinas necesarias para una adecuada atención de internos y trabajadores contagiados con Covid-19.
Los informes de control han sido notificados a las autoridades penitenciarias para que adopten las acciones correctivas pertinentes que garanticen una adecuada atención de salud a internos y a los trabajadores del penal.
Perjuicio económico en Municipalidad de Roble
De otro lado, se informó que la Contraloría General detectó un presunto perjuicio económico por S/31 888 en la Municipalidad Distrital de Roble, provincia de Tayacaja, debido a que la entidad distrital recibió S/ 50 000 para realizar la adquisición y distribución de productos de primera necesidad, pero que no habría entregado las canastas básicas al 64% de los beneficiarios reportados ante la Contraloría.
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