El anuncio se produjo con bombos y platillos a inicios de la mañana de ayer. Desde Palacio de Gobierno, el presidente señaló que el proyecto generará 3,500 empleos formales, además de incrementar la producción de cobre del país en un rango de entre 117 y 172 mil millones de toneladas diarias. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también está muy entusiasmada.
El Presidente precisó que en los primeros dos años de ejecución del proyecto, este movilizará una inversión de US$1,355 millones, pero no se refirió a las asperezas que mantienen la minera china con el distrito de Morococha. Aún falta expropiar 34 hectáreas y la firma de un acuerdo marco para garantizar el reasentamiento de la población en la nueva ciudad de Morococha; el campamento minero se instalaría en la misma.
Nuevos proyectos, nuevos conflictos. Así de empedrado estaría el camino del gobierno de Martín Vizcarra, luego de dar a conocer la puesta en marcha de la ampliación del proyecto minero Toromocho en Junín, a cargo de la empresa Chinalco.
Los reclamos y el conflicto latente no son un tema nuevo; según la Defensoría del Pueblo, se tiene conocimiento desde 2012. Es decir, desde la primera etapa del proyecto.
UNA SEÑAL DE REACTIVACIÓN
El anuncio del Poder Ejecutivo fue tomado de buena manera por el sector minero. La mejor muestra de esto fueron las palabras del presidente de la SNMPE, Luis Marchese Montenegro, quien calificó la noticia como “una señal importante de la reactivación de la inversión minera en el país”.
El millonario desembolso que quedará comprometido con el proyecto también permitiría elevar los ingresos por canon minero en Junín, y con ello contribuir a la ejecución de obras de infraestructura que hacen falta en esta parte del Perú.
“Esta inversión minera también generará más ingresos económicos –vía impuestos, regalías y canon minero– en favor del Estado peruano y Junín, que deberán servir para cerrar las brechas de desigualdad social e infraestructura y alentar el desarrollo socioeconómico de la población”, destacó.
Además, dijo que será importante no dejar pasar esta oportunidad de inversión porque permitirá que el país cuente con ingresos para ampliar la cobertura de agua y desagüé, y mejorar los servicios de salud.
PIEDRAS EN EL CAMINO
La respuesta al anuncio del Gobierno no se hizo esperar en la región Junín. Cuatro horas después su gobernador, Ángel Unchupaico, declaró al diario Perú21 estar “sumamente preocupado porque se advierte otro conflicto social”. Según indicó, hasta hoy no se ha podido reasentar a la totalidad de la población de Morococha a la nueva ciudadela.
“Toromocho permitirá la generación de más de 3,500 nuevos empleos formales en la expansión”, Luis Marchese, Presidente de la SNMPE
“Hay protestas cada mes. Mi preocupación es que este conflicto se junte con el de Doe Run, con el del Lote 108 y Pichanaki, más la huelga del Sutep”, manifestó. Aunque dijo que no podía adelantar si estaba a favor o en contra de la ampliación del proyecto Toromocho, aclaró que este es un tema “muy sensible” y que por ello espera que el Estado “esté a la altura de las circunstancias”.
Unchupaico también aseguró que la gravedad y el impacto de esta situación en la región podría devenir en un problema mayor porque se trata de un conflicto social que se reactiva con el anuncio de la ampliación del proyecto. Sus palabras cobran fuerza teniendo en cuenta que el alcalde de Morococha, Luis Arias Herrera, ha confirmado que el paro ya tiene fecha.
“La convicción del Estado es apoyar este tipo de inversiones social y ambientalmente responsables”,
Martín Vizcarra
“Se tiene pendiente la oportunidad laboral que se anunciaba”, refiere el alcalde. “En la primera etapa de Toromocho se decía que esto iba a generar un boom económico, oportunidades laborales y una mejora en la calidad de vida, pero no se ha dado. Ahora con este anuncio está quedando pendiente. Hace nueve años estamos buscando ese acuerdo marco”, indicó.
“Desde la semana pasada se ha realizado una movilización al Ministerio de Energía y Minas. Ahí ha estado el viceministro y el señor Fernando Castillo”, aseguró la autoridad edil en conversación con este medio.
“En los próximos días continuaremos este diálogo, a través de una reunión con el alcalde”, Fernando Castillo
Arias Herrera dijo, además, que si bien Energía y Minas recibió a los representantes del distrito y a las familias afectadas, el Minem solo se interesó en hablarles de los beneficios del proyecto minero, por lo que al final los pobladores sintieron que no fueron debidamente escuchados.
“Entonces se ha acordado (entre la población) que se va a iniciar una paralización el 7 de junio”, agregó.
RESPONDE EL GOBIERNO
La postura del Poder Ejecutivo respecto al conflicto social que ya se advierte para inicios de mes es de apertura al diálogo. Al menos así lo asegura el director de la Dirección General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Fernando Castillo.
“Sobre el particular, entendemos la preocupación de los ciudadanos de Morococha y, por ello, en aras de lograr una pronta solución a este caso social, reiteramos el llamado al diálogo permanente entre todas las partes involucradas”, destacó el funcionario.
En ese contexto ,los planes del Gobierno apuntan a sostener una reunión con Luis Arias Herrera en su calidad de alcalde de Morococha.
“Hemos cursado invitación para que asista a nuestra sede institucional de San Borja”, precisó Castillo.
Tal reunión sería crucial para evitar el ya anunciado paro que ha quedado fijado para el 7 de junio, y que podría comprometer la viabilidad del proyecto minero.
Recuerde que?
-El proyecto Toromocho se puso en marcha en 2014 con el objetivo de exportar cobre principalmente al mercado chino. Además, es operado por la empresa Chinalco Mining Corporation International. 
-Duplicar la producción de cobre permitiría incrementar los ingresos del Perú en aproximadamente US$2,000 millones al año. Así lo estimó el gerente general de la SNMPE, Pablo de la Flor, en conversación con Perú21.
-Para 2020, se espera que la capacidad de producción de Toromocho se eleve en 45% y que el valor de la producción sea cercano a los US$2,000 millones.
-El proyecto Testá ubicado a 4,500 m.s.n.m. en Morocha, distrito de la provincia de Yauli, de la región Junín. 
-Casi 3,000 trabajadores están laborando en la minera en la actualidad. La construcción de la segunda etapa generaría 3,500 más hasta 2021.
DIALOGÓ SERÍA FAVORABLE
La Defensoría del Pueblo informó que la Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha se encuentra suspendida, lo que ha generado que el conflicto entre los pobladores del distrito y la minera Chinalco no encuentre respuesta luego de nueve largos años de diálogo.
De un total de 188 conflictos sociales registrados a nivel nacional hasta mayo de este año, la provincia de Junín tiene ocho, de los cuales cinco aún se encuentran en desarrollo.
El defensor adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad, Porfirio Barrenechea, informó a Perú21 que Junín no es la provincia más crítica respecto a discusiones entre pobladores y privados.
“No es una de las regiones que más conflictos tiene, pero estos sí han sido significativos cuando hay manifestaciones en la Oroya porque se paraliza todo el transporte público. Eso afecta no solo a la población de la zona, sino a quienes transitan por la Carretera Central”, precisó.
Dentro de la zona central del Perú, las autoridades consideran también que la complejidad de las negociaciones en el distrito se debe a que la población todavía no ha sido reasentada, según lo estipulaba el convenio.
“Los pobladores requieren la atención necesaria para seguir viviendo ahí, pese a que el tema se va viendo desde 2011”, consideró el defensor adjunto.
Se observa que aunque el tiempo ha pasado, aún queda rivalidad entre las partes, inclusive las autoridades locales condenan el accionar de los funcionarios públicos.
“Si se cumpliera con el acuerdo, la población podría ceder en las obras de ampliación de la minera”,
Porfirio Barrenechea, Defensor adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad
Como parte de una pronta solución del conflicto, Barrenechea sostiene que la discrepancia podría reducirse si es que Chinalco respetase el convenio marco donde se establecen los ejes educativo, económico, ambiental e institucional.
Los mismos ejes establecen proyectos y trabajos que la empresa prometió realizar en la zona.
“(En Morococha) tienen esta expectativa desde hace varios años. La posibilidad de que se concreten acuerdos en favor de la población sería importante. Esto va de la mano con el reasentamiento, que no termina de cumplirse en su totalidad. Hay todavía una cifra importante de las familias que están tratando de negociar la reubicación con la empresa”, sostuvo.
En cuanto al plazo que se tendría para renegociar y establecer el cumplimiento de la norma, el representante de la Defensoría no brindó un tiempo determinado, pues sería necesario tomar en consideración los requerimientos de cada familia y evaluar qué faltaría por cumplir en el acuerdo marco.
Pese a esta situación, los conflictos sociales no se han incrementado de forma sensible entre el año pasado y este.
Isaac Vásquez Tello
Entre las más importantes ideas expuestas están mejorar la valorización de riesgo de las víctimas, realizar una valorización de riesgo del victimario, incluir en los mapas de criminalidad los datos de violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar, incluir una mirada de territorialidad para mejorar la atención al problema, mejorar los lineamientos de atención de la población LGTBI, y otros.