Si bien la condena del expresidente Alberto Fujimori por graves violaciones de los derechos humanos significó un hito en el país, el balance sobre la situación de estos derechos durante el mandato de Alan García fue negativo según se desprende de un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH
El documento bianual denominado “Derechos Humanos: de los conflictos del presente a los desafíos del futuro” revela que en los cinco años de García hubo un incremento de las vulneraciones de derechos individuales y colectivos.
“Mientras que en el gobierno de Alejandro Toledo fallecieron 15 personas por acción de las fuerzas de seguridad en conflictos sociales, durante el gobierno de García el número de fallecidos alcanza más de cincuenta, el cual se eleva a 123 si se toma en cuenta los casos de uso excesivo de la fuerza y violaciones de los derechos humanos”, dice el informe.
Hubo estancamiento
En diálogo con LA PRIMERA, la secretaria ejecutiva de CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, añadió que en el gobierno de García la situación de los derechos humanos sufrió un serio estancamiento.
Esto, según la activista, se expresó en la paralización de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el retroceso en las reparaciones a las víctimas de la violencia política y el estancamiento de los procesos por violaciones de los derechos humanos en el Ministerio Público.
La situación es preocupante, pues tanto a nivel fiscal como judicial se ha extendido la tendencia de cerrar los casos con impunidad, a través de archivamientos y sobreseimientos, lo cual se agrava con la ausencia de fiscalías o juzgados supranacionales en determinados lugares o la competencia nacional que genera dificultades para las actuaciones probatorias y familiares de las víctimas.
Durante el periodo 2009-2010 un número alarmante de investigaciones fiscales fueron archivadas bajo el argumento de que no existe información para identificar a los sindicatos como presuntos responsables.
Desidia judicial
En el Poder Judicial el problema es aun más serio. Según el documento, las pocas sentencias que se han dictado en los últimos dos años se alejan de manera radical de la jurisprudencia internacional, que ha sentado estándares para procesar delitos de lesa humanidad.
En la Sala Penal Nacional existen 29 casos, en su mayoría estancados y, de las pocas sentencias habidas, gran parte han sido absolutorias pese a las pruebas existentes.
Información del Instituto de Defensa Legal (IDL) refiere que a diciembre del año pasado, la Sala Penal Nacional emitió 20 sentencias, de los cuales 14 eran por desaparición forzada y 6 por asesinato.
De esto se desprende que el 85% de los procesados fueron absueltos y el 15% restante recibió condena por crímenes contra los derechos humanos.
Acoger plan
Tras saludar el compromiso del actual gobierno con los derechos humanos, la secretaria ejecutiva de CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, planteó que la gestión de Ollanta Humala debe aplicar el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado el 2005 y prorrogado hasta diciembre de este año debido a la desidia del régimen de Alan García.
“Mientras que en el gobierno de Alejandro Toledo fallecieron 15 personas por acción de las fuerzas de seguridad en conflictos sociales, durante el gobierno de García el número de fallecidos alcanza más de cincuenta, el cual se eleva a 123 si se toma en cuenta los casos de uso excesivo de la fuerza y violaciones de los derechos humanos”, dice el informe.
Hubo estancamiento
En diálogo con LA PRIMERA, la secretaria ejecutiva de CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, añadió que en el gobierno de García la situación de los derechos humanos sufrió un serio estancamiento.
Esto, según la activista, se expresó en la paralización de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el retroceso en las reparaciones a las víctimas de la violencia política y el estancamiento de los procesos por violaciones de los derechos humanos en el Ministerio Público.
La situación es preocupante, pues tanto a nivel fiscal como judicial se ha extendido la tendencia de cerrar los casos con impunidad, a través de archivamientos y sobreseimientos, lo cual se agrava con la ausencia de fiscalías o juzgados supranacionales en determinados lugares o la competencia nacional que genera dificultades para las actuaciones probatorias y familiares de las víctimas.
Durante el periodo 2009-2010 un número alarmante de investigaciones fiscales fueron archivadas bajo el argumento de que no existe información para identificar a los sindicatos como presuntos responsables.
Desidia judicial
En el Poder Judicial el problema es aun más serio. Según el documento, las pocas sentencias que se han dictado en los últimos dos años se alejan de manera radical de la jurisprudencia internacional, que ha sentado estándares para procesar delitos de lesa humanidad.
En la Sala Penal Nacional existen 29 casos, en su mayoría estancados y, de las pocas sentencias habidas, gran parte han sido absolutorias pese a las pruebas existentes.
Información del Instituto de Defensa Legal (IDL) refiere que a diciembre del año pasado, la Sala Penal Nacional emitió 20 sentencias, de los cuales 14 eran por desaparición forzada y 6 por asesinato.
De esto se desprende que el 85% de los procesados fueron absueltos y el 15% restante recibió condena por crímenes contra los derechos humanos.
Acoger plan
Tras saludar el compromiso del actual gobierno con los derechos humanos, la secretaria ejecutiva de CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, planteó que la gestión de Ollanta Humala debe aplicar el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado el 2005 y prorrogado hasta diciembre de este año debido a la desidia del régimen de Alan García.
Helio García
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