El ministro,Jorge Merino, manifestó esperar de que los
nuevos planteamientos de la empresa Doe Run ante la junta de acreedores sean
viables y permitan el reinicio de las operaciones en el complejo metalúrgico de
La Oroya.
En tal sentido, expresó su coincidencia con el
pedido hecho por los representantes de la región Junín –reunidos en La Oroya-
para el “retiro inmediato de las demandas y condiciones interpuestas por Doe Run
Perú y su matriz Renco Group contra el Estado peruano”.
Dijo que cualquier otro planteamiento debe estar
enmarcado en el plan de reestructuración, el cual será sometido a la junta de
acreedores en el proceso concursal convocado por el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi).
“Es en el proceso concursal donde hay que
encontrar las soluciones y las alternativas a este tema”, repuso.
Reiteró la disposición del Ejecutivo de promover
el reinicio de las actividades en el complejo metalúrgico con pleno respeto a
los derechos laborales de los trabajadores, a la salud de la población de La
Oroya y a la protección del medio ambiente.
Insistió que para el Estado son inadmisibles las
condiciones que hasta el momento ha planteado Doe Run y su matriz Renco Group.
Además, señaló que en materia de protección del medio ambiente y de la salud de
la población, la posición del Estado es firme y decidida.
La pretensión de Renco, la matriz Doe Run, para
que aporte 65 millones de dólares de los 200 millones que necesita para concluir
su planta de cobre, es que el Estado asuma los juicios interpuestos en cortes de
Estados Unidos, lo que implica la posibilidad del pago de una indemnización de
US$ 800 millones de dólares
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