El colmo. La columna narcoterrorista que mantiene secuestrados a 40 obreros y funcionarios de las dos empresas contratistas de Camisea exige que el gobierno peruano le pague un “cupo de guerra” de 1 millón 200 mil dólares mensuales además de los 10 millones de dólares que están exigiendo por liberar a los rehenes, de los cuales hasta el momento no se tiene ninguna noticia.
Los terroristas hicieron llegar un “petitorio” escrito que literalmente dice: “Señores. Estos son nuestros requerimientos. Primero.- Dinero: 10 US$ millones de dólares. Segundo.- Materiales: Mechas detonador 10 rollos, fulminante eléctrico 500 unidades, fulminante común un millar, dinamita 10 cajas.
Tercero.- También queremos definir como van a ser sus aportes a la revolución (cuotas de guerra) mensual, anual y que cantidad de dinero. De nuestra parte que sea 1 US$ millón 200 mil dólares y esto nos entregan en lugares que les vamos a indicar.
Cuarto.- Nos dan un número ya sea un celular o radio de comunicación, para poder reportarnos. Una vez definido este acuerdo, de nuestra parte va a ser definitivamente respetado”.
El periodista y especialista en el VRAE, Pedro Yaranga, precisó que las huestes encabezadas por Víctor Quispe Palomino, (a) el camarada ‘José’, han adoptado una posición al estilo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que secuestran a empresarios, comerciantes, militares y policías para exigir a cambio el pago de un rescate.
“Ellos buscan negociar con los secuestros. Nunca antes habían atacado a las empresas que trabajan en el VRAE, pero esto ya parece Colombia. Lo que está buscando el camarada ‘José’ es un espacio para plantear una plataforma de lucha, necesita notoriedad y esta es la única manera de hacerlo a través de los secuestros”, advierte el especialista.
En tanto, para el especialista en temas de narcoterrorismo, Rubén Vargas, no tendría asidero el pedido de los senderistas en el VRAE pues ellos cuentan con ingentes cantidades de dinero producto del narcotráfico. “Descarto rotundamente que el reciente secuestro de trabajadores del Proyecto Camisea por parte de remanentes de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) tenga objetivos económicos o busque la liberación del cabecilla senderista “Artemio”. El objetivo de esta acción es la repercusión política. El ‘Camarada José’ (José Quispe Palomino) busca notoriedad. Por el momento lo está logrando porque el Proyecto Camisea involucra a consorcios multinacionales”, afirmó.
PARTE POLICIAL
diario16 accedió al parte policial donde los representantes de Constructores Modulares SA y Skanska del Perú SA, empresas contratistas del proyecto gasífero Camisea, denuncian la retención, asalto y robo que sufrieron sus trabajadores a manos de miembros del PCP – Sendero Luminoso.
Según este documento exclusivo, dos representantes de la empresa Constructores Modulares SA, identificados como Richard Juno y Héctor Castillo se apersonaron a la delegación policial de Kiteni, a cuatro horas de distancia del lugar de la acción armada, para denunciar el secuestro de nueve trabajadores de esa institución a manos de delincuentes narcoterroristas: “A las 4.00 horas se tuvo conocimiento vía telefónica que en el Centro Poblado de Kepashiato, en la casa habitación de la empresa, los trabajadores (09 en total), denunciaron haber sido víctimas de un asalto y robo por supuestamente elementos narcoterroristas que fracturaron la puerta de las habitaciones, siendo sacados para luego ser secuestrados y desplazados con destino desconocido por parte de un grupo de (06) personas con los rostros cubiertos con pasamontañas, con armas de fuego de largo y corto alcance y vistiendo uniformes camuflados”, señala el documento.
El parte policial también rotula que Manolo Scali Rivera Escobedo, representante de la empresa sueca Skanska del Perú SA, denunció que 34 trabajadores de su organización fueron intervenidos por 20 narcoterroristas fuertemente armados, vestidos con uniformes militares, quienes mantenían sus rostros cubiertos con pasamontañas y estaban armados: “Intervinieron a 34 trabajadores de la mencionada empresa robándoles todas sus pertenencias, en la localidad de Cigaquiato”.
En la última parte se señala que “el grupo habría estado conformado por 60 a 70 sujetos premunidos de armas de fuego de corto y largo alcance”. Finalmente, la policía informa que “se vienen realizando todas las investigaciones para determinar la filiación de este grupo armado y confirmar la retención de un grupo de personas civiles, entre estos ingenieros y el teniente gobernador de Kepashiato”.
El premier Oscar Valdés confirmó en la noche que son 40 los trabajadores retenidos por los terroristas. De los 43 que inicialmente fueron secuestrados, dos mujeres y un chofer (el que entregó la nota de los terroristas) fueron liberados
Eric Pereira
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