Los padres de familia que incumplan con el pago de la pensión alimenticia serían impedidos de tener acceso al crédito bancario o limitaría la función pública, es una propuesta que analiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), señaló hoy una fuente del sector.
"Por ello queremos ampliar las sanciones, para que tengan limitaciones económicas, laborales y políticas", anotó Carla Rojas-Bolívar, directora de Apoyo y Fortalecimiento de la Familia del MIMP, quien sostuvo que actualmente los deudores alimentarios solo tienen una “sanción moral” si incumplen con la obligación de garantizar la manutención de sus hijos.
Refirió que desde su puesta en funcionamiento -el 2007- el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) que administra el Poder Judicial reporta 1,700 casos a nivel nacional.
La funcionaria dijo que para el caso del acceso al crédito, se evalúa la posibilidad de que al deudor alimentario se le retenga el monto que debe por la pensión alimentaria.
“Se está viendo la forma de que no se afecte al sistema financiero, pero que pueda también contribuir al pago efectivo de la pensión alimentaria”, anotó en diálogo con la agencia Andina.
Cuando se trate de desempeñar la función pública, Rojas-Bolívar indicó que la iniciativa parte del principio de que se genera un conflicto de intereses cuando un funcionario trabaja haciendo política pública y, por lo tanto, no puede eludir su responsabilidad para con sus hijos.
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