La Oroya revive

foto Juan Guevara

El reinicio de las operaciones en el Centro Metalúrgico La Oroya (CMLA) es una buena noticia. El arranque del circuito de zinc y en el más breve plazo el de plomo no alcanzarán el cien por ciento de las operaciones hasta cuando el circuito de cobre se reinicie. Esto no será posible hasta culminar el último proyecto medioambiental PAMA que las leyes exigen al CMLA para evitar la contaminación. La empresa liquidadora Right Business, la que lleva adelante las operaciones, recibe concentrados de la empresa Cormin, la que llevó a Doe Run a Indecopi, y la que sería la triunfadora del conflicto que paralizó la fundición por tres años.

Saludamos el reinicio de las operaciones. Bien por los trabajadores quienes defendieron el derecho a trabajar y no los intereses de la transnacional Doe Run como decían algunos. El tema no es un asunto de contaminación sino de empresarios y del estado dando el mal ejemplo con sus desacuerdos que mantuvieron a La Oroya detenida por tanto tiempo. La tercera semana de agosto se volverá a reunir la junta de acreedores a pedido de Doe Run para resolver la última propuesta de reactivación que es, según nuestras fuentes, más o menos la que ejecuta Right Business. La empresa liquidadora tiene planeado un concurso público internacional para vender la mina Cobriza y la fundición con el aval de la junta de acreedores. Esta medida allanaría la demanda interpuesta por Doe Run en contra del estado peruano en los Estados Unidos. De prosperar, el estado la  indemnizaría con unos 1,500 millones de dólares, mucho más de lo que invirtió en la planta más lo que ganaron durante las operaciones. La demanda en CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones) en contra del Perú por incumplimiento de contrato tomará su tiempo. Los abogados de la transnacional Doe Run aparentemente tienen buenos argumentos cuando dicen que el estado no cumplió con la limpieza de los suelos y no acepta hacerse cargo de las eventualidades con terceros (la denuncia de los niños de plomo en Missouri, Estados Unidos) hasta que no se completen los PAMA, tal como está escrito en el contrato compra-venta del CMLA.

La Oroya revive pero aún quedan cabos sueltos que podrían dañar económicamente al estado cuando no se calculan los riesgos. Bien por los acuerdos entre la empresa liquidadora y los trabajadores reiniciando las operaciones. Mal por el estado que, como el mayor acreedor (situación que también se discutirá en el CIADI), no sabe hasta ahora analizar todos los escenarios posibles y resolver por el más conveniente para los intereses nacionales. Mal, porque como siempre los problemas quedan para los gobiernos siguientes.

Manuel A. Gago