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| foto Juan J. Guevara |
De esta cantidad total, al menos 76 están latentes, lo que significa que en cualquier momento podrían originar más de un dolor de cabeza al gobierno del presidente Ollanta Humala, que hasta ahora viene lidiando con Cajamarca por el proyecto minero Conga.
De los 11 conflictos recientes, se detectaron cuatro socioambientales (Ayacucho, Áncash, Loreto, Lima Provincias), cuatro por asuntos de gobierno local (Áncash, Junín, San Martín, Lima Metropolitana), uno por cultivo ilegal de coca (Huánuco), otro por asuntos de requerirse atención del gobierno nacional (Junín) y uno por demarcación territorial (Lima Provincias).
Entre ellos figuran, la pugna por definir la ubicación e implementación del aeropuerto de Junín, la disputa entre los distritos de Chosica y San Antonio por el sector conocido como Jicamarca, el rechazo de los cultivadores de hoja de coca del Valle del Monzón a las actividades de erradicación del Programa Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (CORAH), entre otros.
El documento de la Defensoría también indica que se han logrado identificar 48 acciones colectivas de protesta a nivel nacional. Entre ellas figuran las huelgas de los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y del Comité Nacional de Reorganización y Reorientación (Conare). Figura también el paro indefinido de los médicos del Seguro Social de Salud.
Para el jefe del departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Aldo Panfichi, en los meses de agosto y setiembre existe una estacionalidad de los conflictos sociales, por lo que el incremento se ve reflejado en huelgas y paros que responden a la discusión de los presupuestos del gobierno central para los próximos años.
“Hay incrementos sustantivos, precisamente, porque se espera que tengan alguna influencia en las decisiones del gasto público. No me sorprende la cifra porque en estos meses siempre suelen incrementarse el número de conflictos sociales”, opinó.
El experto sostuvo que los conflictos sociales responden a un tema estructural y no de coyuntura, asimismo, dijo que el país atraviesa por un buen momento económico por lo que las confrontaciones están surgiendo.
“Muchas personas creen que las confrontaciones surgen cuando el país atraviesa una situación crítica económicamente, sin embargo es todo lo contrario. Vamos a ver que a fin de año estos conflictos que hoy son activos pasarán a ser latentes, por lo que no hay que generar una alarma entre la población”, declaró.
UNOS DESAPARECEN, OTROS CRECEN
En el mes de agosto la Defensoría registró 243 conflictos, de los cuales 167 están activos y 76 latentes. La mayor cantidad se ubicó en las regiones de Áncash (33 casos), Puno (22 casos) y Lima (19 casos entre Lima Provincias y Lima Metropolitana). También en Cusco (15 casos), Apurímac (15 casos), Cajamarca (14 casos) y Ayacucho (14 casos).
Según el documento, entre los agentes competentes para resolver el conflicto se encuentra el Gobierno Nacional, en el que recaen 160 casos, luego están los Gobiernos Regionales en la atención de 47 sucesos y finalmente los Gobiernos Locales que deben atender 26 problemas sociales.
EL DATO
El total de conflictos sociales registrados en agosto mantiene similar cifra con la del mes de julio, según informó la Defensoría del Pueblo. Asimismo, indicó que no se reactivó ningún caso que fue solucionado anteriormente.
Patricia Hoyos
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