San José.- La sindicada terrorista Mónica Feria Tinta, ‘camarada Matilde’ ahora exige que el Estado peruano le pague nada menos que cerca de 2 millones de dólares como compensación por su detención del 13 de abril de 1992 y por supuestos vejámenes durante su detención.
Según la información aparecida en el diario Correo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) escuchó los primero alegatos en el juicio oral que se sigue a Feria Tinta, contra del Estado peruano para que se la repare "moral y materialmente".
En el juicio donde Feria Tinta es asistida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la "camarada Matilde" exige 1 millón 879 mil dólares por supuestas pérdidas económicas tales como "lucro cesante", "traslado por viajes" y "salud".
Igualmente exige el pago de 750 dólares por cada año, desde que se le detuvo en 1992, hasta que el caso fue visto en la Corte-IDH. Es decir, 21 años por truncar su supuesto proyecto de vida. Por tanto, el monto por dichos años llegaría a los 15,750 dólares.
Pero durante la audiencia, la representante de Feria (mencionada en el proceso como la "señora J"), no solo pide la indemnización para “Matilde”, sino también para su familia que “fue afectada con la persecución".
Según el diario, esta pretensión tuvo el rechazo enérgico del agente peruano ante la Corte-IDH, Luis Huerta Guerrero, quien aclaró que en el proceso "la única peticionaria es la 'señora J' y no su familia".
Prontuario
Feria, siendo estudiante de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue detenida en Balconcillo por la Dincote el 13 de abril de 1992. Luego se intervino algunos locales donde se editaba, imprimía y distribuía “El Diario”, vocero de Sendero Luminoso.
Entre la documentación fue hallada la carta del ex director de ese periódico, Luis Arce Borja “Ramiro”, “ideólogo” senderista que entonces se encontraba en Bruselas, Bélgica. La misiva, fechada en marzo de 1992 era dirigida a Mónica Feria, donde le pedía información sobre la dirigente popular María Elena Moyano, a fin de desprestigiar su labor social y humanista.
Sin embargo, en junio de 1993, Jesús Mónica Feria Tinta fue exculpada por un “tribunal sin rostro”. Desde ahí, Feria salió al extranjero y desde 1997 asumió la defensa de los deudos de 41 acusados de terrorismo asesinados en el penal Miguel Castro Castro en 1992 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho tribunal falló en contra del Estado peruano y ordenó que se ejecute el pago de una reparación por cerca a US$10 millones.
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