Se formaliza la denuncia contra vándalos que destrozaron propiedad de municipalidad de Chilca

foto Juan Guevara

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, que preside la Abog. Blanca Rucabado Romero formalizó la denuncia contra 15 ciudadanos, entre ellos el exteniente gobernador de Auquimarca, quienes actuaron mismos vándalos al usurpar una propiedad privada y destrozar bienes del Estado el pasado 4 de febrero del presente año; conducta por lo cual ahora serán acusados por el delito contra el patrimonio y usurpación agravada, en la modalidad de destrucción de linderos y daños agravados en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Chilca.

A la altura de la avenida 9 de Diciembre en el sector de San José de Llamus, a unos metros de la franja marginal del río Mantaro, la Municipalidad habilitó un terreno privado para la recuperación de la zona degradada, selección y confinamiento de los residuos sólidos, que produce el distrito.

Para lo cual se procedió a la construcción del cerco perimétrico de 300 metros, con sus respectivos accesos y postes, zona de jardinería y otros que fueron destrozados por los denunciados: Felipe Paitán Díaz, exteniente gobernador de Auquimarca; Luis Demetrio Galarza Tovar; Santa Lucila Vilcas Espinoza; Gustavo Abelardo Álvarez Poma; Manuel Jesús Corilloclla Poma; Mario Luis Paúcar Palacios; José Álvarez Poma; Gregorio Esteban Huanca Corilloclla; Eva Luz Tovar Bernaola; Blanca Esther Bernaola; Raúl Corilloclla Balbín; Gladis Poma Aguilar; María Zenaida Tovar Álvarez; Raquel Álvarez Lizano y Carlos Álvarez Lizano.

Los denunciados ahora serán procesados en el Primer Juzgado Penal de Huancayo, al hallárseles responsables de ingresar de manera violenta al terreno, donde operaba el relleno sanitario de Llamus, que se encontraba en posesión de la comuna. Además, los ciudadanos dañaron las unidades del servicio de Serenazgo.EMBARGO DE BIENES

Adicionalmente, la fiscal de la Primera Fiscalía, solicitó a través de la resolución de formalización de la denuncia N° 190 del 22 de julio pasado, que se proceda al embargo preventivo sobre los bienes libres de propiedad de los denunciados a fin de cubrir el pago de reparación civil a que hubiera lugar.