foto Juan Guevara |
La competencia para otorgar autorización para la instalación de antenasrecae en las municipalidades de cada distrito quienes, vía ordenanza municipal, precisando los requisitos necesarios, legales y sustentados, para otorgar dichas autorizaciones.
En ese sentido, el INDECOPI precisa que en caso de existir limitaciones para su colocación (como cercanía a colegios, hospitales, etc.) dichos impedimentosdeberán estar debidamente sustentados por las municipalidades y acordes con las normas técnicas de alcance nacional, teniendo en cuenta que el despliegue de infraestructura para la prestación de servicios públicos resulta de interés nacional y beneficia a las personas de su jurisdicción. Si las limitaciones y exigencias no están debidamente sustentadas, el INDECOPI tiene competencia para declararlas como barreras burocráticas ilegales o irracionales.
Como se sabe, el INDECOPI tiene facultades legales para fiscalizar que los actos o disposiciones de los municipios, entre otras entidades públicas, no constituyan barreras ilegales o irracionales; todo ello, sin desconocer la facultad con la que cuentan las municipalidades para establecer la organización del espacio físico y uso del suelo, a través de su plan urbano o rural distrital.
Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Control y Supervisión de Telecomunicaciones, cuenta con facultades de fiscalización, control y verificación para establecer los límites máximos permisibles de radiaciones que emiten las antenas.
Por su parte, la oficina regional del INDECOPI en Arequipa recibió cuatro denuncias de la empresa VIETTEL PERUS SAC, manifestando que diferentes municipios de la región le estarían negando, supuestamente sin ningún sustento técnico, la colocación de antenas.
En ese sentido, el INDECOPI invoca a las autoridades municipales a sustentar correctamente las restricciones, o limitaciones que se impongan para el ejercicio de las diversas actividades económicas, a efectos de no generar malestar en la población, ni en los agentes económicos.
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