Un laudo arbitral resolvió que el Gobierno Regional de Arequipa-GRA deberá pagar a ONCOSERV 12 millones de dólares por una licitación ganada para equipar el Instituto de Cáncer arequipeño - IRENSUR.
Procuradores, asesores legales y funcionarios públicos compinchados o no con los proveedores acordarían, antes de firmar contrato, terminar la operación con árbitro comercial quien emita una resolución por “desacuerdos”, por “incumplimientos de contrato y por no honrar obligaciones” que el proveedor reclamará. El proveedor cobrará cuando un laudo arbitral así lo decida, sabe que deberá alegar daño emergente, lucro cesante, daños y perjuicios, restablecimiento económico, quiebre del equilibrio financiero y cuanta otra cosa se pueda imaginar para cobrar más. Por laudo arbitral un contrato de 60 mil soles se puede convertir en 100 mil soles. Los 40 mil pagados en exceso se compartirían el procurador, asesor legal, árbitro comercial, peritos, contador, cajero y demás incluidos en los contubernios fraudulentos que se deberían investigar. El caso GRA- ONCOSERV podría ser otra de tantas puntas del iceberg de cómo se robarían los dineros públicos. No decimos que el laudo aludido sea un proceso corrupto. Nos preguntamos ¿por qué muchos contratos acaban con resolución extrajudicial que obliga a organismos públicos a pagar enormes sumas de dinero? Un tramo de la Costa Verde en Lima fue suspendido por la anterior gestión. El alcalde Luis Castañeda reanudó la obra evitándole a la municipalidad pagarle al contratista 2 millones de soles por penalidad.
OSCE, OCI y Contraloría deben saber cuántos procesos existen con este mecanismo que podrían ser concertaciones para delinquir. Muchas coincidencias en todo el país.
Por: Manuel Gago Medina
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