Jaime Antezana Rivera.
Hace más de un mes, a través de un artículo en el diario La Karibeña, informe que la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y Determinar la influencia del Narcotráfico en los Partidos Políticos y en los Movimientos Regionales y Locales, el lunes 10 de enero aprobó citarme a una sesión con esta instancia congresal. En ese artículo, a diferencia de otras citaciones, acepte asistir a la citación de esta comisión.
Tras una larga espera, la citación llego el día miércoles 18 de febrero en el que la presidenta de la misma, la congresista Rosa Mavila, me invita -textualmente- "a la Setima Sesión de la Comisión, la misma que realizara el día Martes 24 de febrero del presente año, en la Sala María Elena Moyano, a las 9.30 am". ¡Que me solicitan? Que realice una exposición. Pero, no una exposición sobre la situación general del narcotráfico en el Perú.
No. Me citan para que informe sobre la presunta relación entre narcotráfico y política con sustento documentario. Asimismo, me piden a) que individualice alcanzando las indagaciones y/o indicios razonables productos de su investigación, quienes serían los presuntos Congresistas, que estarían implicados en temas de narcotráfico y lavado de activos y, b) individualice, alcanzando las indagaciones y/o indicios razonables, producto de su investigación, quienes serían los presuntos candidatos electos a presidencias regionales y alcaldías en el proceso electoral de 2014, que estarían implicados en temas de narcotráfico y lavado de activos.
En concreto, la comisión especial multipartidaria que investiga y busca determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales me pide que les de nombres y apellidos de los congresistas, presidentes regionales y alcaldes que presuntamente tengan vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos, con los respectivos indicios razonables. Precisando: me piden individualizar a los presuntos congresistas con vínculos con el narcotráfico electos en las elecciones del 2011 y los presidentes regionales y alcaldes electos en las elecciones del 2014.
¿Cuál ha sido la modalidad predominante que he usado para dar a conocer la presunta existencia de autoridades con presuntos vínculos con el narcotráfico? Los resultados de mis investigaciones las di a conocer en cifras: el mes de setiembre del 2010, señale que había 21 candidatos con presuntos vínculos con las drogas; el mes de mayo del 2011, señale que habría 10 congresistas con presuntos vínculos con el lavado de activos y el narcotráfico; y, entre mayo y agosto pasado, di a conocer en un cuadro que habría 91 candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. No di nombres de las autoridades. Era consciente que, por más indicios razonables que presentara, las autoridades aludidas me iban a querellar y, en el peor de los casos, asesinar.
Esa posibilidad pudo convertirse en realidad cuando, el mes de setiembre del 2010, un diario nacional público un informe sobre los "candidatos de la coca". Uno de los mencionados en el informe periodístico amenazo públicamente con meterme a la cárcel por un canal de cable.
Empero, llego el momento de dar nombres. Eso ocurrió el mes de agosto del 2013. Di una entrevista al diario El Comercio, a la periodista Mariela Balbi, en la que -por primera vez- señale cuantos presuntos congresistas con vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos pertenecen a las bancadas u organización política del congreso de la república. Eso provoco una tormenta mediática y una enorme presión política sobre mi persona.
Los voceros de las bancadas y organizaciones políticas aludidas exigían que de los nombres y las pruebas de los congresistas que tendrían presuntos vínculos con el narcotráfico. No solo eso. La bancada de Fuerza Popular (los 35 congresistas que lo forman) me querello por solo decir que habría cuatro congresistas que podrían tener nexos con el narcotráfico y el lavado de activos. Luego de varias semanas, el Décimo Juzgado Penal de Lima declaro improcedente la querella. Me querellaron por solo mencionar cifras sin nombres.
Sin embargo, en medio de tanta presión de casi todos los sectores políticos y de quienes me siguen en las redes sociales, decidí dar a conocer siete nombres de congresistas que podrían tener nexos con el lavado de activos y el narcotráfico. Entre el 24 y 25 de agosto, di una entrevista amplia entrevista a la revista Caretas, con los nombres e indicios razonables base para una investigación más profunda.
Efectivamente, el 29 de agosto del 2013, la revista Careta salió un informe especial intitulado "La Lista de Antezana", en la que aparecieron los nombres y apellidos de siete congresistas con presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. Cabe decir lo siguiente: lo hice sabiendo que no era fiscal ni juez para decir quien es o no narcotraficante o que fue financiado por estos. Eso debió investigar el ministerio público.
No fue una sola publicación. Las tres semanas siguientes, con información que había obtenido de mis investigaciones, Caretas público dos casos por informe. En ellas se expusieron los indicios (obviamente, difíciles de obtener) que me llevaron a presumir que los congresistas tenían nexos. Esos informes aceleraron la batahola de querellas de los congresistas aludidos y de sus posibles financistas.
En eso estuve solo. Solo me apoyaron abogados sin fama ni costo alguno. Ahora, luego de pasar por momentos muy difíciles y sin apoyo social, ¿iré a la comisión especial y diré todo lo que me piden? Ya lo veremos.
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