Tres campamentos, 10 dragas, siete tolvas, 20 motores, 2,725 galones de combustible y 125 de aceite, entre otros equipos y materiales empleados en actividades propias de la minería ilegal, fueron destruidos en un operativo conjunto de interdicción realizado durante dos días en los distritos de Río Santiago y Nieva, en la provincia de Condorcanqui, e Imaza, en la provincia de Bagua, región Amazonas.
Así lo hizo saber el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Antonio Fernández Jerí, quien indicó que estas acciones ilegales se realizaban dentro de las comunidades nativas de la zona, afectando directamente las cuencas de los ríos Marañón y Santiago.
El presidente del Consejo Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis, Wrays Pérez Ramírez, manifestó por su parte que son cerca de 70,000 los nativos que ancestralmente se encuentran asentados en estas zonas y que están siendo afectados por las actividades de extracción ilegal de oro en las orillas de los ríos y cerca de sus viviendas, en las que utilizaban insumos químicos como cianuro y mercurio, además de deforestar bosques que forman parte de la biodiversidad amazónica.
Las zonas intervenidas forman parte de los territorios de las comunidades nativas de Villa Gonzalo y Yutupis, en el distrito de Río Santiago; de Canampa y Bajo Canampa, en el distrito de Nieva, y de Vida Nueva y Chipe Cuzu, en el distrito de Imaza.
Fernández Jerí señaló también que “el Estado, a través del marco normativo propio y por intermedio de los agentes que lo integran, prohíbe toda actividad de minería metálica y no metálica en todo el país, en tanto se realicen en zonas no autorizadas y se ejecuten sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1100, por lo que se encuentran sujetas a acciones de interdicción, de conformidad con los alcances del artículo 4 de la misma norma”.
El operativo, que fue supervisado por el Alto Comisionado de la PCM, estuvo a cargo de la Quinta Zona Naval de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, y contó con la participación de fiscales especializados en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Amazonas, de efectivos de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
Además, se tuvo el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú y de las bases militares del Ejército Peruano en la región citada.
Durante las acciones de interdicción se dialogó con pobladores de las comunidades, a quienes se les señaló la prohibición de realizar actividad minera en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales, y se les advirtió también acerca de los daños que ocasiona a la salud el uso de químicos peligrosos en la obtención de metales, como el oro.
El operativo también permitió destruir 4,260 metros de manguera industrial, 2,435 metros de tubos de PVC de 8 pulgadas, 1,280 metros de alfombra, ocho bombas de succión y seis balsas flotantes.
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