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| foto Juan Guevara |
El actual gobernador regional Ángel Unchupaico Canchumani encabeza la lista y es investigado por supuesto lavado de activos y pérdida de dominio por el movimiento de S/ 63´037,351 durante los 7 años que fue alcalde de El Tambo. Otras 46 personas allegadas a él también son investigadas.
La carpeta fiscal N°29 de abril del 2015 que le han abierto a Unchupaico, “éste habría creado empresas, adquirió bienes, muebles e inmuebles a nombre de presuntos testaferros con la finalidad de ocultar el dinero presumiblemente obtenido de actos de corrupción”.
En la lista de presuntos testaferros se encuentran: su hermana Diana Unchupaico Canchumani, su exsocio político quien fuera alcalde de Huancayo, Dimas Rudy Aliaga Castro, y su hermana Maritza Ilionushka Aliaga Castro.
También el alcalde de Chilca, José Auqui Cosme, actual vicepresidente del JUS. A él se suma Zoilo Acuña Lifonso, abogado personal de Unchupaico y ex presidente de la caja Huancayo.
También está procesado es el empresario Silvio Alva Odría, ligado al gobernador por invitaciones que le hiciera a Estados Unidos y por algunas construcciones, que hizo en la ciudad de Huancayo.
También esta comprendida en este caso la empresaria Silvia Molina Cerrón, de quien aseguran fue una de las financistas de la campaña del gobernador. Su hijo, el regidor de Huancayo, Bryan Wangner Ruffner Molina, y sus empresas.
En la lista el consejero por Tarma, Víctor Hugo Quijada Huamán, la regidora Antonieta Vidalón Robles y su hermana Carmen. Antonieta Vidalón es personal de confianza de Unchupaico desde cuando éste fue alcalde y en la actualidad es secretaria general del gobierno regional.
También figuran el ex gerente de Sedam Huancayo, Luis Alberto Pérez Peralta, el director de la UGEL Huancayo, Espíritu Gaspar Quispe, hombre de confianza de Unchupaico, quien lo sucedió en el cargo de alcalde, y su hermana Janeth Rosario Mayhuasca Quispe. Además, la gerente de Sedam Huancayo, Ketty Rosales Hinostroza, y un grupo de personas jurídicas.
La denuncia fue interpuesta por Leonidas Martín Carpio Pinto, ante la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe en la capital, la misma que luego de evaluarla la remitió a la fiscalía especializada de nuestra ciudad.
Esta última, se fijó un plazo de 90 días para llevar a cabo la investigación preliminar junto a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos- Divandro-Hyo.
El fiscal Oscar Ramírez ha ordenado se recabe la declaración de todos los implicados, también ha oficiado a Registros Públicos para indagar sobre sus propiedades y se está haciendo el cruce de información con diversas entidades, entre ellos la Unidad de Inteligencia Financiera.
Al ser consultado por el diario Correo, el gobernador regional dijo que aclarará cualquier duda ante la Fiscalía y precisó que esta denuncia tiene tinte político, que busca hacerle daño.
Un total de 63 millones, habrían sido mal habidos por todos los investigados
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