En tal sentido, la mencionada norma, no debe engendrar sentimientos de discriminación en otros peruanos que también pusieron el pecho contra el terrorismo y defensa de la democracia, como los mineros que cavaron los túneles y las centenas de autoridades entre alcaldes, regidores y dirigentes comunales atentados y que ofrendaron sus vidas en cumplimiento de sus funciones y deber de gobernar con lealtad a su vocación de servicio. Ellos y sus familiares, también merecen un reconocimiento oficial. A ver si algún congresista lo propicia.
Al olvido, todavía son víctimas de injusticias. Dos ejemplos: el abandono a la familia del Alcalde de Huamanga Jorge Jáuregui Mejía atentado durante el ejercicio de su deber de gobernante local, quedando muy mal (1992). El asesinato de Máximo Pérez Rojas (1992) alcalde del distrito de Huancan-Huancayo (Carta a LR 26/10/2014) cuyos familiares esperan justicia, mientras el expediente N° 401-2003-SPN derivado del Atestado Ampliatorio 017-94-DIVCOTE-PNP-HYO “duerme” en la Corte Suprema, como encubriendo al principal sospechoso del asesinato.
Por añadidura, dos autoridades acciopopulistas, ahora que los demoledores de partidos nos reclaman “lucha política” contra el terrorismo.
Entonces, hay peruanos que cumplieron con su deber, defendieron la democracia con sus pechos, muchas veces desarmados en las lejanías del Perú profundo, que merecen similar reconocimiento.
Atentamente,
Pedro Morales Mansilla.
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