Durante huelga magisterial del 2017 se perdieron 214 horas de clases.
La Defensoría del Pueblo recuerda una vez más a las autoridades educativas, maestros y padres de familia que la educación pública es un derecho innegociable de los estudiantes. Negarla, postergarla o afectar su calendarización es una injusticia que solo agudiza la brecha del servicio educativo, afectando principalmente a los estudiantes de menores recursos.
¡No más clases perdidas! Es el planteamiento de la Defensoría del Pueblo, tras verificar que por la huelga magisterial del 2017, los estudiantes dejaron de recibir, en promedio, 214 horas de clases efectivas (30 días), y no fueron recuperadas, pese a los compromisos asumidos.
Si bien la Defensoría del Pueblo reconoce que existen necesidades e intereses del magisterio, estas no pueden ser demandadas mediante acciones que afecten los derechos fundamentales de los estudiantes.
La Defensoría del Pueblo alienta a las autoridades educativas del Ministerio de Educación, y de los gobiernos regionales, al magisterio y padres de familia, agotar los esfuerzos necesarios y establecer mecanismos de diálogo permanentes, para que de manera preventiva y eficaz, se eviten medidas radicales que afecten el derecho a la educación de los más de 6 millones de estudiantes de colegios públicos.
Sin embargo, de producirse algún tipo de acción que derive en la suspensión de clases, las autoridades educativas, tienen la obligación de prever e implementar un plan de acción que impida la pérdida de horas lectivas. Según establece la norma debe haber un registro de docentes alternos, para que en las primeras 24 horas de suspendidas las clases, se restituyan las mismas y dar continuidad a la educación del alumnado.
La Defensoría del Pueblo insiste en que el diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos, son el único camino para garantizar el acceso y la continuidad de la educación de las niñas, niños y adolescentes de las escuelas públicas.
¡No más clases perdidas! Es el planteamiento de la Defensoría del Pueblo, tras verificar que por la huelga magisterial del 2017, los estudiantes dejaron de recibir, en promedio, 214 horas de clases efectivas (30 días), y no fueron recuperadas, pese a los compromisos asumidos.
Si bien la Defensoría del Pueblo reconoce que existen necesidades e intereses del magisterio, estas no pueden ser demandadas mediante acciones que afecten los derechos fundamentales de los estudiantes.
La Defensoría del Pueblo alienta a las autoridades educativas del Ministerio de Educación, y de los gobiernos regionales, al magisterio y padres de familia, agotar los esfuerzos necesarios y establecer mecanismos de diálogo permanentes, para que de manera preventiva y eficaz, se eviten medidas radicales que afecten el derecho a la educación de los más de 6 millones de estudiantes de colegios públicos.
Sin embargo, de producirse algún tipo de acción que derive en la suspensión de clases, las autoridades educativas, tienen la obligación de prever e implementar un plan de acción que impida la pérdida de horas lectivas. Según establece la norma debe haber un registro de docentes alternos, para que en las primeras 24 horas de suspendidas las clases, se restituyan las mismas y dar continuidad a la educación del alumnado.
La Defensoría del Pueblo insiste en que el diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos, son el único camino para garantizar el acceso y la continuidad de la educación de las niñas, niños y adolescentes de las escuelas públicas.
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