Son 323 militares, 85 policías y 38 civiles fallecidos, como consecuencia de 276 atentados dirigidos por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino, entre 1999 y el 2017, a lo largo del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Estas cifras son parte de un registro diario de acciones que fue obtenido por Luis Alberto Sánchez, director de la ONG de derechos humanos Waynakuna.
“Después de leer la documentación, te das cuenta por qué no los han podido sacar hasta ahora del Vraem. Estamos viendo a una organización sofisticada, que se organiza muy bien y que tiene un perfecto control y manejo de la zona. Se les ha subestimado”, dijo Sánchez a El Comercio. Según fuentes de la Dirección contra el Terrorismo de la policía (Dircote), el documento es real y podría ayudar a “sincerar” las cifras de atentados por orden de los terroristas ‘José’ y ‘Raúl’, cabecillas del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).
-Atentados contra civiles
En el documento, de 253 páginas, los Quispe Palomino enumeran acciones de sabotaje, secuestro, amenazas, chantajes y ejecución de civiles.
Durante todo el 2009, se narra “la toma de pueblos” entre Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Además, se da cuenta de secuestros en empresas privadas, como el de 36 rehenes en el Proyecto Camisea, en Kepashiato en el 2012, o en proyectos de construcción de carreteras. Uno de estos fue el secuestro de 100 obreros en el campamento del Consorcio Vial Quinua–San Francisco, en Ayacucho.
En detalle se ha registrado la destrucción de antenas parabólicas, de cable y telefonía. Por ejemplo, el 20 de marzo del 2013 se menciona una “acción de sabotaje simultáneo en Soledad, Balcón y Marcavalle [Huancavelica]” bajo el argumento de que en dichas zonas la comunidad consumía “programas de manipulación mental”. Este Diario confirmó que dichos atentados ocurrieron.
Otro punto es el asesinato de civiles, 8 de estos son consignadas bajo el título “aniquilamiento de espías”, como a “Rosario” el 2011, “Soledad” el 2012, “Leonidas” el 2015 o “Armando” el 2016. Aquí también se incluyen a supuestos “soplones” con nombres y apellidos cuya identidad este Diario mantiene en reserva.
–Blancos uniformados–
A lo largo de 18 años de registro, se ponen en lista 39 “ataques” a 13 bases contrasubversivas y a 30 helicópteros a los que se califica de “obsoletos” para la zona. Tres de estos aparatos fueron derrumbados, uno de ellos es aquel caído en abril del 2012 cuando murió la capitán PNP Nancy Flores.
También se han consignado 16 “enfrentamientos” directos y 41 acciones de “hostigamiento”. Además de hacerse inventario de todo el armamento robado con los números de serie, los terroristas hacen hincapié en determinar los aciertos y errores de cada operación.
Así, en el ataque del 9 de abril del 2009 en Sanabamba, Ayacucho, en el que 15 militares fallecieron, se critica el no haber matado a más oficiales. “Tuvo la particularidad de realizarse utilizando simultáneamente fuego de fusilería como el haber minado cerca de 300 metros de distancia de camino […] quedaron fuera de emboscada por lo menos 8 militares. Estos militares sobrantes contenieron [sic] y perjudicaron a que [se] aniquilaran por completo a las dos patrullas militares”, señala el documento de los terroristas.
El 15 de setiembre del 2008 narran lo que llaman “trampa caza-bobo Río Mazángaro”. Se emboscó a una unidad militar y se ordenó a dos sobrevivientes caminar hacia una bandera. Al llegar, “explotaron”.
–Narcoataques–
En parte del documento se pone énfasis en que no son “narcotraficantes ni terroristas” y que tampoco son financiados por los cárteles de la droga; sin embargo, en otras líneas, se intenta justificar la procedencia de sus recursos: “Si un centavo pudiéramos recibir como apoyo en ingreso económico o material, y este pueda incluso venir del cielo o del infierno, serán infinitamente bienvenidos”. Este párrafo se hizo conocido el 2011 gracias a que un lugarteniente del fallecido Martín Quispe Palomino, ‘Gabriel’, le sustrajo archivos en dos memorias USB.
También se mencionan en las agendas asaltos a puntos relacionados con la lucha contra el narcotráfico. El 11 de marzo del 2017 consignan una “emboscada a convoys de la DEA en Comunpiari–Huanta [Ayacucho]” o asesinatos de personal del Corah (Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga) el 6 de noviembre del 2010.
–Avance terrorista–
En la Dircote explicaron a El Comercio que los documentos son resultado de las reuniones anuales de balance de la dirigencia del MPCP. Sostuvieron que este archivo reordenaría las cifras oficiales. “Ahí, ellos ya se adjudican acciones que nosotros hemos podido atribuir solo al narcotráfico”, afirmaron.
Las mismas fuentes advirtieron que lo que eran remanentes terroristas hoy “se están volviendo a armar. Hay un reagrupamiento de fuerzas que la población no percibe, pero que crece en silencio […]. Empezaron con una etapa conciliadora a fin de lograr la liberación de sus dirigentes, luego vino la captación de masas con propaganda. Después llegará la toma de las armas y ataques”.
Los agentes de la Dircote también expresaron su malestar porque el número de sus miembros disminuyó considerablemente en los últimos años y, aunque ello se viene revirtiendo, se han perdido cuadros que ya dominaban la estrategia antisubversiva. Remarcaron finalmente que no cuentan con un marco legal que los respalde para las labores de seguimiento y vigilancia a aquellos ex dirigentes terroristas que cumplieron condena. “Después, esto va a explotar y nos van a culpar”, concluyeron.
El diario El Comercio solicitó entrevistas con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, los mismos que se abstuvieron a declarar.
Durante todo el 2009, se narra “la toma de pueblos” entre Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Además, se da cuenta de secuestros en empresas privadas, como el de 36 rehenes en el Proyecto Camisea, en Kepashiato en el 2012, o en proyectos de construcción de carreteras. Uno de estos fue el secuestro de 100 obreros en el campamento del Consorcio Vial Quinua–San Francisco, en Ayacucho.
En detalle se ha registrado la destrucción de antenas parabólicas, de cable y telefonía. Por ejemplo, el 20 de marzo del 2013 se menciona una “acción de sabotaje simultáneo en Soledad, Balcón y Marcavalle [Huancavelica]” bajo el argumento de que en dichas zonas la comunidad consumía “programas de manipulación mental”. Este Diario confirmó que dichos atentados ocurrieron.
Otro punto es el asesinato de civiles, 8 de estos son consignadas bajo el título “aniquilamiento de espías”, como a “Rosario” el 2011, “Soledad” el 2012, “Leonidas” el 2015 o “Armando” el 2016. Aquí también se incluyen a supuestos “soplones” con nombres y apellidos cuya identidad este Diario mantiene en reserva.
–Blancos uniformados–
A lo largo de 18 años de registro, se ponen en lista 39 “ataques” a 13 bases contrasubversivas y a 30 helicópteros a los que se califica de “obsoletos” para la zona. Tres de estos aparatos fueron derrumbados, uno de ellos es aquel caído en abril del 2012 cuando murió la capitán PNP Nancy Flores.
También se han consignado 16 “enfrentamientos” directos y 41 acciones de “hostigamiento”. Además de hacerse inventario de todo el armamento robado con los números de serie, los terroristas hacen hincapié en determinar los aciertos y errores de cada operación.
Así, en el ataque del 9 de abril del 2009 en Sanabamba, Ayacucho, en el que 15 militares fallecieron, se critica el no haber matado a más oficiales. “Tuvo la particularidad de realizarse utilizando simultáneamente fuego de fusilería como el haber minado cerca de 300 metros de distancia de camino […] quedaron fuera de emboscada por lo menos 8 militares. Estos militares sobrantes contenieron [sic] y perjudicaron a que [se] aniquilaran por completo a las dos patrullas militares”, señala el documento de los terroristas.
El 15 de setiembre del 2008 narran lo que llaman “trampa caza-bobo Río Mazángaro”. Se emboscó a una unidad militar y se ordenó a dos sobrevivientes caminar hacia una bandera. Al llegar, “explotaron”.
–Narcoataques–
En parte del documento se pone énfasis en que no son “narcotraficantes ni terroristas” y que tampoco son financiados por los cárteles de la droga; sin embargo, en otras líneas, se intenta justificar la procedencia de sus recursos: “Si un centavo pudiéramos recibir como apoyo en ingreso económico o material, y este pueda incluso venir del cielo o del infierno, serán infinitamente bienvenidos”. Este párrafo se hizo conocido el 2011 gracias a que un lugarteniente del fallecido Martín Quispe Palomino, ‘Gabriel’, le sustrajo archivos en dos memorias USB.
También se mencionan en las agendas asaltos a puntos relacionados con la lucha contra el narcotráfico. El 11 de marzo del 2017 consignan una “emboscada a convoys de la DEA en Comunpiari–Huanta [Ayacucho]” o asesinatos de personal del Corah (Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga) el 6 de noviembre del 2010.
–Avance terrorista–
En la Dircote explicaron a El Comercio que los documentos son resultado de las reuniones anuales de balance de la dirigencia del MPCP. Sostuvieron que este archivo reordenaría las cifras oficiales. “Ahí, ellos ya se adjudican acciones que nosotros hemos podido atribuir solo al narcotráfico”, afirmaron.
Las mismas fuentes advirtieron que lo que eran remanentes terroristas hoy “se están volviendo a armar. Hay un reagrupamiento de fuerzas que la población no percibe, pero que crece en silencio […]. Empezaron con una etapa conciliadora a fin de lograr la liberación de sus dirigentes, luego vino la captación de masas con propaganda. Después llegará la toma de las armas y ataques”.
Los agentes de la Dircote también expresaron su malestar porque el número de sus miembros disminuyó considerablemente en los últimos años y, aunque ello se viene revirtiendo, se han perdido cuadros que ya dominaban la estrategia antisubversiva. Remarcaron finalmente que no cuentan con un marco legal que los respalde para las labores de seguimiento y vigilancia a aquellos ex dirigentes terroristas que cumplieron condena. “Después, esto va a explotar y nos van a culpar”, concluyeron.
El diario El Comercio solicitó entrevistas con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, los mismos que se abstuvieron a declarar.
Karla Ramirez
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