Cae otro alcalde coimero que cobraba S/. 3,900 a una proveedora

Se trata del alcalde de la provincia de Canas (Cusco), Raúl Rado Lazo.La Policía Nacional lo intervino cuando cobraba una coima de S/. 3 mil 900. El dinero se lo pidio a la empresaria Katia Huamán, para que la autoridad la contrate como proveedora del municipio con materiales de construcción (arena y piedras, agregados). El contrato se firmaría por S/. 39 mil. Es decir, el alcalde cobraba el diezmo, una suerte de "comisión-coima" que pagan las empresas a las autoridades para beneficiarse con obras.

“Estaba cobrando el diezmo”, aseguró el comandante Oris Díaz Salas, jefe de la Policía Anticorrupción del Cusco, quien estuvo a cargo del operativo junto a la fiscal Ángela Paredes Mendoza.

Rado Lazo viajó seis horas desde Yanaoca, capital de Canas, a la Ciudad Imperial para recibir el soborno. Había citado a Huamán a las dos de la tarde en la juguería Shake de la Plaza San Francisco, del distrito metropolitano de Wanchaq, sin presagiar que estaba próximo a pasar a la lista de las autoridades encarceladas por corruptas.

La agraviada había hecho la denuncia con anterioridad ante las autoridades de la Policía Anticorrupción y Ministerio Público. Los 19 billetes de S/. 100 y 10 de S/. 200 que recibió Rado Lazo fueron fotocopiados previamente por las autoridades fiscales para probar el delito.

Cuando Rado Lazo recibió la coima, los efectivos del orden ingresaron al local. Comunicaron al alcalde que estaba detenido. La autoridad edil quedó petrificada. No dijo nada en su defensa.

A pedido de la fiscal entregó los billetes que había recibido y guardado minutos antes. Cotejaron las series con las fotocopias. Eran las mismas. “No se resistió a la intervención”, señaló Díaz Salas. El jefe policial explicó que los billetes “están en custodia y en cuanto disponga al Poder Judicial se desarrollará la audiencia para solicitar la prisión preventiva”.

El alcalde Rado Lazo será sentenciado por el delito de cohecho pasivo impropio, porque fue arrestado en flagrancia del delito. Podría ser sentenciado entre 5 y 8 años de prisión.