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| foto Juan Guevara |
El Congreso promulgó la ley que modifica varios artículos del Código Penal para incrementar la sanción con pena no menor a veinte años a delitos que se cometan contra la vida de policías, militares, jueces y autoridades en general.
La norma busca castigar de manera severa a los que atenten contra las autoridades civiles, miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, así como magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, además de integrantes del Tribunal Constitucional.
Asimismo se pretende sancionar con rigor a los malos policías que tras ser separados de la institución sean puestos a disposición del Poder Judicial para su juzgamiento y sanción.
Por ello, la ley incluye penas de hasta 35 años de prisión a quienes se aprovechen de su condición de miembro de las fuerzas del orden o autoridad para cometer un delito o utilizar para ello armamento y conocimientos que les fueron proporcionados por el Estado para cumplir sus funciones .
La misma pena será impuesta al delincuente que, aún estando en prisión, sea el autor intelectual o participe en actos de delitos de tráfico de drogas, secuestro, extorsión, lavado de activos, trata de personas y terrorismo.
Además la norma estipula una pena no menor a quince años cuando los sujetos maten a otro por ferocidad, lucro o placer; o se genere para facilitar u ocultar otro delito; o se realice con crueldad; o por fuego, explosión, veneno o cualquier otro medio que ponga en peligro la vida y la salud de otras personas.
Establece también la nueva ley que aquel que cause daño grave a otro, en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena de cárcel no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
Se aplicará una pena privativa de la libertad no menor de seis años ni mayor de doce cuando se estipulen lesiones graves, es decir, se ponga en peligro inminente la vida de la víctima, se mutile un miembro o cause incapacidad y cualquier otro daño que requiera 30 o más días de asistencia o descanso.
La norma restringe varios beneficios penitenciarios para los infractores como la redención de pena por trabajo y educación, la semilibertad y la libertad condicional.
La iniciativa promulgada por el Parlamento había sido presentada como parte del paquete legislativo para la seguridad nacional elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Dicho pedido fue entregado en agosto pasado al Congreso de la República, y en abril el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, solicitó al Congreso promulgar las normas antes de culminar la presente legislatura.
Hace una semana, el Ejecutivo también aprobó el reglamento de la Ley de Disciplina Policial que permite agilizar procesos para imponer sanciones a los efectivos que cometan delitos o presenten inconductas.
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